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El discurso laboral del poder

Por: José Samuel Porras Rugerio

2013-05-21 04:00:00

 

A Eleazar Maldonado Cisneros: verdadero maestro para enseñar, ejemplo de abogado digno, hombre de espíritu noble y corazón bondadoso; amigo que siempre queremos conservar. Recibe, en sencillo homenaje, mi gran cariño, respeto, reconocimiento y admiración.

 

Las relaciones que se dan entre seres humanos tienen al lenguaje como instrumento de comunicación. Con él se elaboran los diferentes discursos  utilizados para la construcción cotidiana de la multifacética realidad social. El deterioro de la convivencia social puede obedecer, entre otras cosas, a los “usos” del lenguaje, aunque ello no es responsabilidad de éste. La palabra, es decir, el uso del lenguaje, puede hacernos llegar los más hermosos sentimientos, pero también puede encubrir todo tipo de aviesas intenciones. Con el lenguaje se puede callar diciendo o decir callando; mostrar ocultando u ocultar mostrando; no necesariamente dice lo que dice. Puede darse el lujo de obligar a  interpretarlo o a ser “leído entre líneas”.

El más significativo, por la función social que cumple, es el uso del lenguaje que proviene del ejercicio del poder político. ¿Qué uso del lenguaje hacen los hombres que, por su situación política o económica, se colocan en posición de fijar las reglas de conducción de todo un país? Sin duda, sus usos discursivos estarán determinados por los fines que esos grupos persigan al ejercer ese poder: “…sostengo que el sistema político mexicano está diseñado no para gobernar –de ahí su ineptitud–, sino para conservarse en el poder. El futuro del país y el bienestar de su gente constituyen una preocupación secundaria de quienes llegan a ocupar altos cargos públicos, incluyendo por supuesto a la presidencia. Lo verdaderamente importante es seguir en el puesto, asegurar la continuidad del sistema.”1 El discurso proveniente del poder no es razonable sino convenenciero.

Cuando de hablar del trabajo se trata, los discursos pueden ser auténticamente atrabiliarios. El proveniente del poder se respalda, en sí mismo y en la gama de sensaciones que genera en los receptores el haber sido pronunciado por el poder, sobre todo en las sociedades llevadas a la descomposición precisamente por el ejercicio de éste. La historia del mundo registra infinidad de ellos, caracterizados por esa aparente dicotomía de la incongruencia entre discurso y realidad que configura su esencia.

El discurso laboral es discurso político cuya identidad la da el trabajo como objeto de referencia. Se basa en el eufemismo, en las generalidades o abstracciones cuando no en el engaño directo. Los encendidos discursos en supuesta defensa de los intereses de la clase trabajadora que, por décadas, en la conmemoración del primero de mayo, los distintos presidentes de México recitaron frente al desfile organizado por el sindicalismo oficial, pueden ser muestra cabal de las posibilidades de un uso específico del lenguaje que, ocultando cifras de desempleo, míseras condiciones de trabajo y empobrecimiento de los trabajadores y sus familias, es sostén del modelo capitalista de explotación del trabajo.

¿Qué hay detrás del actual discurso oficial de “la creación de empleos”? Los hombres de empresa y de gobierno, con aires de filantropía, llenan sus discursos con la infaltable mención al “problema del desempleo” y a su ineludible “obligación o deber social” de crear empleos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Pongamos como ejemplo la exposición de motivos con que se “justificó” la vigente Ley Federal del Trabajo:     

“La realidad y condiciones que actualmente enfrenta México, resultan diametralmente distintas a las que prevalecían en la década de los 70, del siglo pasado, cuando se expidió la Ley Federal del Trabajo que nos rige. Estas condiciones no son ajenas para el mundo del trabajo. Prácticamente todos los diagnósticos serios coinciden en que es impostergable impulsar una reforma laboral como condición para avanzar hacia mejores niveles de bienestar, y que al mismo tiempo contribuya a favorecer los principios de equidad y no discriminación en las relaciones de trabajo. Diversos organismos internacionales coinciden en destacar las fortalezas de las variables macroeconómicas de nuestro país, como son sus finanzas públicas sanas, bajos niveles de deuda e inflación, altas reservas internacionales, entre otras, que nos han permitido sortear y recuperarnos, mejor y más rápido de la crisis global, que muchos otros países desarrollados. Sin embargo, para lograr afianzar la posición de México como una de las grandes economías emergentes del mundo, se necesita mejorar el desempeño de nuestro mercado de trabajo. El Foro Económico Mundial situó a México en el lugar 58 de 142 países en el índice de Competitividad Global 2011–2012, por debajo de países como Brasil, India y China. Este índice se divide en doce pilares, entre los que se encuentra el de la eficiencia del mercado laboral, en el que México sale peor calificado. Específicamente, pasamos del lugar 92 en 20072008, al lugar 114 en 2011–2012. Esto se debe en buena medida, a que la Ley Federal del Trabajo no genera incentivos para asegurar el incremento de la productividad y la competitividad. (Los énfasis en itálicas y negritas son míos)

Discurso inasible que encubre sus auténticos propósitos. Decir que las condiciones del México de los 70 son distintas “diametralmente” a las de 2012, es una perogrullada. Remarcar que los “diagnósticos serios” miran ”impostergable” la reforma laboral trae implícita la idea de que todos aquellos que la criticaron, no tenían un diagnóstico ‘serio’. Una descalificación anticipada. Afirmar que “diversos organismos internacionales” coinciden en destacar que las “fortalezas” de nuestro país requieren de mejorar el desempeño de “nuestro mercado de trabajo”, sin indicar cuáles, es retórica sin sustento que no explica, en ningún sentido, tener que mejorar “nuestro” mercado de trabajo con base en la mutilación de derechos de los trabajadores.

Si el Foro Económico Mundial, fue el organismo que nos ubicó como país, en un supuesto bajo “índice de competitividad”, la conclusión de que: “… la Ley Federal del Trabajo no genera incentivos para asegurar el incremento de la productividad y la competitividad” sería, más bien, muestra de obediencia gubernamental a una orden de privilegiar un interés: incrementar productividad y competitividad de las empresas  eliminando derechos de los trabajadores. La incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito de la producción asegura la explotación indiscriminada de los trabajadores al combinar productividad y bajos salarios. Este binomio, a la vez que les garantiza altas tasas de ganancia, es útil para competir en el mercado mundial abierto por la globalización. ¡Proletarios del mundo, servidnos!

Para impulsar la nueva ley, el gobierno federal urdió un discurso “laboral” para enmascararla. Dirigió hacia la población afirmaciones con apariencia de conveniencias o bondades en beneficio de los trabajadores: 1. Facilita el acceso al mercado laboral y la creación de empleos; 2. Promueve la equidad de género, la inclusión, la no discriminación en las relaciones laborales y la protección de derechos; 3. Fortalece la procuración e impartición de justicia laboral; 4. Mayor transparencia y democracia sindical; 5. Apoya las facultades normativas, de vigilancia y de sanción de las autoridades del trabajo. Era la propaganda de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Ahora sabemos que la primera se obtiene mediante las nuevas formas de contratación temporal, la facilitación del despido sin responsabilidad patronal y la virtual eliminación de los salarios vencidos; que la segunda significa que la explotación de los trabajadores no distingue sexo ni edad; que la tercera es abierto engaño, donde la autoridad laboral alarga en agenda los tiempos de trámite y resolución de los juicios viejos –que se tramitan bajo la ley anterior– para simular que los de nuevo procedimiento se tramitan con alguna celeridad; la cuarta, se evidenció con el hecho de que el tema sindical prácticamente quedó intocado en la reforma para favorecer al sindicalismo oficial; y la quinta, por la inclusión de algunas sanciones económicas de muy difícil aplicación contra los patrones. 

Un discurso cuyo pregón incesante es la creación de empleos tiene, como condición indispensable, la generación de condiciones económicas en el país que hagan posible la constante supresión de puestos de trabajo. Tal condición da permanencia al discurso que, así, oculta el uso del desempleo como mecanismo de abaratamiento salarial, la excesiva explotación de los trabajadores y la miseria a la que con ella se le somete como clase social a pesar de ser, con su esfuerzo de todos los días, la generadora de toda riqueza social.

  

 

1Ruiz Harrell, Rafael, Exaltación de ineptitudes. Una visión crítica del presidencialismo mexicano, 7a ed., México, Editorial Posada, 1988, p. 17. .

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