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Del trabajo digno al trabajo decente

Por: José Samuel Porras Rugerio

2012-11-16 04:27:45

El artículo 123 Constitucional inicia así: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”. Ahora, en el proyecto de modificación a la Ley Federal del Trabajo se introduce el concepto de “trabajo decente” que tiene su origen en la idea y dotación de significado proporcionados, desde 1999, por la Organización Internacional del Trabajo y su director Juan Somavía. Para quien conoce la connotación de dicha expresión y la contrasta con los elementos de desregulación que contiene la iniciativa laboral que está a punto de aprobarse, la interrogante es ¿puede introducirse, y coexistir, la figura del trabajo decente junto a las modificaciones propuestas –contratación precaria, outsourcing, eliminación de salarios vencidos, etcétera–, en el proyecto? En otras palabras ¿existe alguna afinidad entre el trabajo decente y un proyecto legislativo que busca reducir derechos a los trabajadores? Listo como siempre, Perogrullo dirá ¡claro, así está dicho en la iniciativa! En atención a lo planteado en la exposición de motivos y en el texto de las modificaciones, es decir, como discurso de poder y acto autoritario, tendremos que decir que sí. Pero en conciencia y razón, la respuesta tiene que ser, no. Referidas al trabajo, dignidad es cualidad, decencia es calificación. Veamos por qué. En la “Exposición de Motivos” del proyecto, parte fundamental de su justificación radica en la incorporación de dicho concepto:

“Resulta insoslayable otorgar una respuesta integral, justa y equilibrada a esta problemática para incorporar en la legislación laboral medidas que permitan conciliar por un lado, la efectiva protección de los derechos de los trabajadores y, por el otro, el legítimo interés de los patrones por encontrar mecanismos que favorezcan la competitividad y productividad de los centros de trabajo (...). Por tal motivo se propone: incorporar la noción de trabajo decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo, para destacar los elementos que deben imperar en cualquier relación laboral, que no son otros, más que el respeto a la dignidad humana del trabajador; la no discriminación por razón de género, preferencia sexual, discapacidad, raza o religión; el acceso a la seguridad social; el salario remunerador; la capacitación continua para el incremento de la productividad; la seguridad e higiene en el trabajo; la libertad de asociación; la autonomía y democracia sindical; el derecho de huelga, y la contratación colectiva.”

Por lo menos en el discurso, aquí se exhibe casi un significado ideal para el concepto. Es un recurso retórico utilizado para encubrir los aspectos de desregulación, o sea, de mutilación de los derechos existentes pues, en rigor, esta asignación de significado que aquí se da al “trabajo decente” entra en abierta contradicción con las medidas de modificación al texto de ley vigente que propone la iniciativa. Esta discrepancia, entre el discurso de la exposición de motivos y la realidad de la propuesta legislativa en proyecto, es entendible en la medida en que el discurso político dominante en México es altamente proclive a fundarse en el engaño a la población en la disputa por los más altos cargos de gobierno y en el impulso de medidas y mecanismos de Estado.

Ahora bien, este concepto, en los documentos de la OIT, tiene una significación diferente y contradictoria del papel que le asigna en concreto la propuesta de modificación, quizá no tanto con el discurso de su justificación. 

“El trabajo decente es un concepto desarrollado por la OIT para establecer las características que debe reunir una relación laboral acorde con los estándares internacionales de manera que el trabajo se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana (...). El concepto de trabajo decente se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz social, democracias que actúan en beneficio de todos y crecimiento económico, además de aumentar las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo sostenible de las empresas (...). En un lapso relativamente breve, este concepto ha logrado consenso mundial entre los gobiernos, empleadores, trabajadores, la sociedad civil y la comunidad internacional sobre el hecho de que el empleo productivo y el trabajo decente son elementos fundamentales para alcanzar una globalización justa, reducir la pobreza y promover un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible1.

Se trata, según se ve, de un concepto bien definido, con significado complejo e indivisible. Por ello no puede hablarse –sin atentar contra una elemental y sana lógica–, de la introducción de este concepto en un proyecto de desregulación laboral cuyo objeto central reside en la pretensión patente de lograr una disminución oprobiosa de derechos de los trabajadores, como forma abierta de favorecer al gran capital, dentro de los esquemas de la globalización.

Hemos dicho2 que el actual proyecto de modificación a la ley del trabajo se asienta en engaños fundamentales. No parece ser lo único. Se advierte también esta fuerte recurrencia a la perversión semántica de los conceptos introducidos en su texto, cuya función consiste en crear elementos desorientadores sobre el verdadero significado de aquel.  Hablar del “trabajo decente” dentro de este proyecto implicará, para cualquier oyente lego en cuestiones laborales, tener una reacción favorable; lo considerará un concepto elogiable y honroso, sin saber que detrás de él están presentes un conjunto de medidas legislativas que pugnan por recortar derechos laborales que harán más precarias las condiciones de prestación del trabajo. En otra parte de los motivos que, se dice, impulsan al proyecto, se sostiene que:

“Una conclusión fundamental... se refiere a la urgente necesidad de ofrecer a la población y, en especial a los jóvenes, empleos de calidad, lo cual implica impulsar reformas estructurales, en total apego a los principios y derechos laborales fundamentales, ya que éstas tienen un papel principal en el objetivo de elevar el crecimiento económico para generar oportunidades laborales, movilidad y empleos. El acceso al mercado de trabajo no es el único reto para la política laboral. Tenemos también el reto de que los empleos que se generen sean formales; es decir, con prestaciones y plenos derechos para los trabajadores”.

Puede observarse que diversos eufemismos acerca, ya no del trabajo sino del empleo, tales como “empleos de calidad” o “empleos formales”, son utilizados como elementos encubridores (distractores o desorientadores) de las auténticas  intenciones de la clase dominante en México: conseguir reformas estructurales y crecimiento económico. Con las primeras, buscan abrir el sector energético a los particulares; gravar con IVA alimentos y medicinas y, conseguir la desregulación laboral. Mediante el segundo, basado en el funcionamiento de la macroeconomía al costo social que sea, sostener el desastre que supone la gradual eliminación de los mecanismos de distribución de la riqueza generada, día con día en el país, cuyo ejemplo vivo está representado por la iniciativa de ‘reforma’ que aquí se comenta.

En la lógica de los impulsores del proyecto, el aparato productivo nacional se mueve, no en función de necesidades sociales, sino del crecimiento económico que se hace descansar en la productividad y competitividad3. Es decir, no tanto en función de los puestos de trabajo existentes sino, sobre todo, en la máxima explotación de quienes los desempeñan. En ello juegan papel central: a) el desempleo; b) las nuevas tecnologías; y, c) el impulso del concepto “empleo” sustituyendo al de “trabajo”. El desempleo, como fenómeno social, no es casual ni producto del azar o designio del cielo; es, ante todo, provocado por la clase empresarial para ejercer presión contra aquellos que tienen un puesto de trabajo para, mediante la ley de la oferta y la demanda, dirigir los salarios a la baja.

Las nuevas tecnologías, por los fines perseguidos con su invención, tienden al desplazamiento del trabajo humano; es decir, también generan desempleo. Como señala Jeremy Rifkin:

Una nueva generación de sofisticadas técnicas de las comunicaciones y de la información irrumpen en una amplia variedad de puestos de trabajo. Las máquinas inteligentes están sustituyendo, poco a poco, a los seres humanos en todo tipo de tareas, forzando a millones de trabajadores de producción y de administración a formar parte del mundo de los desempleados, o peor aún, a vivir en la miseria4.

Y una cuestión relativa al mundo de las ideas: la sustitución ideologizante del concepto “trabajo” por el de “empleo”, cuya finalidad estriba en erradicar, del primero, su acepción de actividad humana creadora de riqueza, dejando en su lugar, al segundo, como simple ocupación de los individuos. No obstante, en la exposición de motivos, por si el discurso fuera insuficiente, se destaca: “cabe señalar que el concepto de trabajo decente a que se hace referencia, es acorde con la aspiración que nuestro texto constitucional prevé como trabajo digno”. Lo que pone de manifiesto tanto la falsedad discursiva como las supuestas bondades del proyecto; si trabajo decente es acorde con la aspiración constitucional de trabajo digno, la modificación propuesta resultaría innecesaria pues, entonces, sólo tendría que cumplirse a cabalidad con la ley vigente y la Constitución. Esto es, el tránsito del trabajo digno al trabajo decente, propuesto en la iniciativa, representa un ataque directo al alma del artículo 123 de la Constitución; es una regresión autoritaria lesiva de la dignidad laboral.  

Como si lo anterior no fuese suficiente, la élite mexicana del poder político–económico que impulsa esta desregulación, está dispuesta a pasar por alto las experiencias y enseñanzas que, este tipo de medidas, dejaron en otros países:  

“En el plano laboral y social, los resultados de las reformas del decenio del 90 fueron bastante decepcionantes en América Latina y en el Caribe. El producto por trabajador creció a un ritmo muy bajo (0,21 por ciento anual entre 1990 y 2005), al tiempo que se observó un incremento en el desempleo y el empleo informal. En algunos países (los casos más notables fueron Argentina, Colombia y Perú) se efectuaron reformas que flexibilizaron la contratación y el despido y, en muchos casos, se abandonaron mecanismos solidarios de la protección social tanto en relación con las pensiones como con la salud y la protección contra accidentes y enfermedades profesionales, sin que aumentase correlativamente la cobertura del sistema. Se produjo un debilitamiento de algunas de las instituciones de relaciones laborales, en particular de la negociación colectiva (en términos de cobertura y de contenido) y de los medios tradicionales de solución de conflictos, medios que resultaron insuficientes y fueron cuestionados por ineficaces. El argumento que justificó estos procesos estribaba en que todas estas instituciones laborales constituían elementos de “rigidez” que debían eliminarse para poder crear empleo formal. Sin embargo, luego de un decenio, la experiencia de varios países ha mostrado que pese a estas reformas no se logró no sólo incrementar el empleo formal, sino que, además, se produjo un incremento del desempleo y del sector informal, y se acentuó el fenómeno de la precarización de los empleos, asociada a la inseguridad de los ingresos, menor protección social, mayor rotación laboral, etcétera. Se ha argumentado ciertamente que estos malos resultados se deben a que las reformas no fueron completadas y se quedaron a mitad del camino. Sin embargo, no disponemos de indicio alguno de que mayor dosis de reformas de este tipo hubiera mejorado la situación. Por el contrario, la experiencia reciente hace pensar que quizás podrían haberla empeorado aún más”5.

Con este panorama, puestos frente a la realidad de la inminente aprobación de la “reforma” a la Ley Federal del Trabajo por la imposición mayoritaria del interés económico, que no de la razón que aconsejaría el momento histórico que vive nuestro país; quizá lo prudente sería pedir decencia a los impulsores de la medida y a quienes esperan ansiosos beneficiarse de ella. No puede haber decencia en ningún país donde se pretenda el impulso de la economía y el amasamiento de riqueza en pocas manos, sobre la base del empeoramiento de las condiciones de vida de sus trabajadores con el uso de la organización estatal para conseguirlo.

 

1. Bertranou, Fabio, El trabajo decente: la concepción de la OIT y su adopción en Argentina, en Notas OIT: Trabajo decente en Argentina, noviembre 2011, p. 1. http://www.academia.edu/1329611/El_Trabajo_Decente_la_concepcion_en_la_OIT_y_su_adopcion_en_Argentina.

2. Sugerimos consultar, en este mismo medio informativo, nuestro trabajo

“Los engaños de la Reforma Laboral”

3. Sugerimos consultar, en este mismo medio informativo, nuestro trabajo “Hilos conductores de la desregulación laboral”

4. Rifkin, Jeremy, El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva era, trad. Guillermo Sánchez, Barcelona, España, Paidós, 2010, p.65

5Somavía, Juan, Trabajo Decente en las Américas: Una Agenda Hemisférica, 2006–2015, OIT, p. 3.  http://www.oit.org/public/spanish/standards/relm/rgmeet/16amr/dwork.pdf.

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