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Carta abierta

Por: Samuel Porras Rugerio

2012-08-28 05:37:04

Señores magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís Figueroa, Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza, Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López.

Lo que deseo expresarles lo hago en mi condición de integrante del pueblo mexicano, titular esencial y originario de la soberanía nacional y del que dimana todo poder público, como el que ejercen ustedes. Exponerles un sentir que percibo generalizado entre la población, con el ánimo de que lo tomen en consideración atendiendo sólo a lo razonable que puedan encontrar en su argumentación. No podría ser de otra manera pues órdenes, únicamente, las reciben de sus superiores y ustedes las acatarán, como parte que son de la estructura del Estado, incluso, quizá, al margen de la consideración anterior.  

En estos días que transcurren les tocará tomar una decisión que afecta a todo el pueblo de México: calificar la elección presidencial. No es cualquier cosa. No es un volado, un albur ni una pelea de gallos pues en ella se juega el gobierno del Estado, la conducción social y, con ello, el destino de los habitantes de nuestra nación con todas sus desigualdades. La situación de pobreza, de todo tipo y en todos los ámbitos de la vida nacional que hoy observamos, son el resultado de un modo peculiar y específico de gobierno federal que se ha ejercido durante 60 años consecutivos y cuyos efectos se han recrudecido con el moderno advenimiento de la filosofía neoliberal y la globalización que han traído verdaderos lastres para el presente y futuro de los mexicanos. El adelgazamiento del Estado impulsado desde 1982 a la fecha, ha tenido consecuencias no sólo deplorables sino fatales. 

No estamos en presencia de incapacidades institucionales debidas al achicamiento de la estructura estatal, lo que de suyo sería grave; sino frente a la voluntad política de una clase dominante que decidió adelgazarlo, exactamente, para provocar esas incapacidades institucionales que hoy vemos: para contener  pobreza material, educativa, y laboral; para otorgar elemental seguridad social, pública y jurídica; incapacidades que a nuestros ojos, cotidianamente, cobran dolorosas facturas al haber convertido a México en un enorme panteón, donde la gran economía se sostiene en los altos ingresos de la delincuencia organizada y las riquezas propiedad de la nación han sido puestas en subasta al mejor postor. 

En el proceso electoral en curso se han enfrentado dos proyectos de país: el proclive a continuar con la globalización salvaje y otro de visión más nacional. El problema no es la globalización por sí misma, sino la manera en la que se decidió insertarnos en ella y que ahora tiene por resultado nuestra lacerante y lastimosa situación actual. Es necesario retomar la senda de la auténtica democracia, con énfasis en las necesidades nacionales, donde el pueblo sea el constructor de su propio rumbo histórico. El pueblo mexicano para decidir por dónde caminar, no requiere de titiriteros ni de ventrílocuos que mediante la compra del voto falseen su andar o su voz. Elegir libremente cómo quiere ser gobernado requiere por ello de elecciones libres y auténticas y no de un espectáculo que muestre que el dinero compra voluntades y que el voto popular es utilizado como artilugio o biombo para ocultar una elección previamente decidida desde el poder. Esto lo saben ustedes perfectamente y sobre eso van a decidir. 

Señores Magistrados: si están convencidos verdaderamente de que la Constitución es nuestra norma suprema, no la supediten a la ley secundaria ni a la interpretación jurídica; al tomar posesión de su cargo, juraron solemnemente hacerla cumplir y su letra es clara. Si el poder público del que ustedes están investidos dimana del pueblo y se instituyó para beneficio de éste, no lo defrauden. En sus manos está hacer respetar la voluntad popular o validar una elección de Estado. No queremos que se escuden en discursos sobre ‘el espíritu de la ley’, ‘lo que el legislador quiso decir’, ‘atendiendo a la hermenéutica jurídica’ u otros similares que ocultan una sola realidad: la decisión final la tienen ustedes. 

Paradójicamente, los mecanismos electorales institucionales han castrado la voluntad popular, supliéndola para, a final de cuentas, dejar en la voluntad de siete personas en definitiva, la verdadera elección. Al ser ustedes, señores magistrados, parte del Estado y electores definitivos, el sentido de la resolución que pronuncien adquirirá el rango de una decisión de Estado: validar o invalidar la elección. Ya el jurista Hans Kelsen oportunamente advirtió: “La pregunta de cuál sea la posibilidad “correcta”, en el marco del derecho aplicable, no es ninguna pregunta dirigida al conocimiento del derecho positivo, no es una pregunta teórica–jurídica, sino que es un problema político.” (Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, trad. Roberto J. Vernengo, México, UNAM, 1983, p. 353).

Hoy, pues, Señores Magistrados, México requiere de futuro, no de pasado. Lo pasado ya fue experimentado y si ha demostrado su fracaso ¿por qué regresar a él? Si el adelgazamiento del Estado, verificado con mayor dureza a partir del sexenio del señor Carlos Salinas de Gortari, al privatizar infraestructura esencial como puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, líneas aéreas, etc., ha dado pie al auge de las distintas modalidades de delincuencia organizada que azotan a México; si a consecuencia de ello, en poco tiempo, se han enlutado más de sesenta mil familias y el dinero sucio inunda al sistema financiero; si la economía real sostenida en los hombros de  trabajadores mal pagados no tiene perspectiva de mejora; si nuestros indicadores sociales en materia de educación, pobreza, desnutrición, avance científico y tecnológico y deportivo son deplorables ¿por qué pretender seguir el mismo camino? Cuando la corrupción, la miseria moral, el cinismo y hasta el humor negro se proponen para tomar el timón de la República y como forma de gobierno para los mexicanos, resulta legítima la aspiración del pueblo por cambiar el régimen político, la forma de gobernar.

Así pues, ustedes escribirán esta parte de la historia patria y elegirán el lugar en que se quieren ubicar en ella. La sentencia que dicten en el juicio que ha sido sometido a su jurisdicción tendrá esa dimensión. No pueden ni deben ver dicho juicio como un universo que se contrae a examinar un simple expediente, donde se pueda amputar la realidad social que lo circunda y desatender las múltiples evidencias de suciedad electoral, partidista y, por qué no, hasta oficial que se hicieron visibles en el proceso electoral. Tampoco es un asunto de derecho privado que pueda ventilarse como un torneo de habilidades o destrezas de abogados para probar los hechos de su demanda. No. Se trata de la defensa de la Constitución y eso corresponde a todos los mexicanos. Por ahora les toca a ustedes, como parte del Estado que ella configura y del Poder Judicial de la Federación cuya misión esencial es preservar la supremacía constitucional. El futuro de México está en sus manos.

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