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Atrapen al gringo

Por: Israel León O’farrill

2012-10-04 04:00:00

 

Mel Gibson es un actor de altas y bajas que ha incursionado en la dirección con varios productos que también pueden ser caracterizados de la misma manera: de altas y bajas, sobre todo su películas históricas que tienden a ser criticables en todos los sentidos, en especial en cuanto a su exactitud. Quiero dedicar estas líneas a una producción reciente de Gibson, ópera prima de su director Adrian Grünberg y que seguramente habrá de resultar totalmente incómoda para muchos mexicanos, especialmente nuestras autoridades en general y a las que están encargadas de garantizar seguridad y procurar justicia en lo particular. Me refiero a la película Atrapen al gringo (2012) estrenada este mismo año. En la cinta, un criminal (Gibson) es perseguido por la policía fronteriza en Estados Unidos y por un extraño giro del destino termina en manos de la Policía mexicana pues lleva en el auto varios millones de dólares lo que indudablemente provoca el inmediato interés de nuestros honrados representantes de la ley. Termina en una prisión de “máxima seguridad” llamada “El Pueblito”, lugar donde habrá de convivir con todo tipo de delincuentes, experiencia de la que, sin embargo, sale perfectamente airado. Bien, hasta aquí se dirá que se trata de una gringada donde un ya cada vez más viejo Gibson habrá de medio matar a todos y será esa mixtura de héroe–villano que tanto atrae al cine posmoderno actual. Sin embargo, la crudeza y veracidad de algunas circunstancias dentro del penal hacen que la película se integre a otras entregas –muy superiores, eso sí– que han denunciado la peculiar relación que guardan algunas de nuestras autoridades con el crimen organizado… me refiero a Miss Bala (2011) de Gerardo Naranjo, El Infierno (2010) de Luis Estrada y Días de Gracia (2011) de Everardo Gout.

La prisión es la representación –exagerada, estoy seguro que dirán nuestras autoridades– de las penitenciarías y reclusorios de nuestro país: corruptos todos los empleados del lugar desde la cabeza hasta los guardias de seguridad, que se encuentran en la nómina de un capo, dueño de vidas y haciendas dentro y fuera del penal; negocios por todos lados, desde la venta de tacos tortas y garnachas… prostitución y narcotráfico, renta de inmuebles –las celdas– y protección... con la salvedad de que en esta prisión “ficticia” habitan muchas de las familias con los internos –así sucede en  las Islas Marías– una buena parte de las cosas que se describen en la cinta pasan en la vida real en nuestros penales. Baste ver la manera en que viven los presos, custodios y encargados de estos centros en México. Y por si no se cree lo que comento, recomiendo echar una mirada en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que realizó durante 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, accesible a todo público en el portal de la Comisión. Como dice el informe en su introducción: “Los centros penitenciarios no cumplen su misión, que es tratar de lograr la reinserción del sentenciado. Al no recibir la atención y recursos financieros y presupuestales necesarios debidamente supervisados, para que se apliquen a lo que están destinados, se provoca que su función se distorsione (…) se convierten en centros de aprendizaje y especialización superior de la delincuencia ahí interna, logrando en consecuencia la reincidencia de los infractores, en lugar de la reinserción social”. Y más adelante… “El Estado destina enormes recursos para el combate de la delincuencia y la detención de criminales, que prácticamente abandona una vez que se encuentran en prisión”. Fuerte afirmación pues es el sello de la presente administración.

Según el diagnóstico, seis de cada 10 penales en nuestro país están reprobados en cuando a gobernabilidad se refiere; en el resto, apenas se supera la calificación reprobatoria. Esto quiere decir que a la par de las autoridades oficiales existen sistemas de gobierno autónomo generado por los propios prisioneros y que, ingenuidades aparte, no van en función ni del justo trato a los internos, y mucho menos a su reinserción en la sociedad. En este mismo aspecto están reprobados la mayoría de los centros penitenciarios del país examinados por la Comisión, sea porque no respetan los programas que a este efecto existen o porque de plano ni siquiera los tienen. Vamos, en la mayoría de los casos ni siquiera hay una clasificación criminológica de los internos. Otro rubro, el de la atención a grupos vulnerables –mujeres, niños, personas con deficiencias intelectuales, enfermos con VIH/sida y personas con preferencias sexuales distintas– en muchos casos ni siquiera se considera. Imagino que más de uno de los lectores estará pensando “¡que se jodan!, bastante daño han realizado a la sociedad… ¡ahora que paguen!”. Bien, me parece una afirmación muy lógica e inclusive justificable. Pero es menester que entendamos que si estas personas que son privadas de su libertad porque han faltado al orden social establecido no son reincorporadas debidamente, habrán de reincidir o simplemente actuar peor de lo que estaban cuando ingresaron, así es que bien haríamos en controlar nuestro puritanismo social, poner más atención a este tema y exigir a nuestros representantes que tomen cartas en el asunto. Duele la visión de Grünberg y de Gibson que presentan una ficción que es reflejo de una incómoda verdad… es momento de preguntarnos si es un mejor país que el de hace seis años como pregonan los mensajes gubernamentales. 

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