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La injusticia extrema no es Derecho

Por: Silvino Vergara Nava

2012-07-12 04:00:00

“La justicia en tiempos de

 Franco Arriba, en lo alto del

estrado, enfundado en su toga negra, el presidente del tribunal.

A la derecha, el abogado.

A la izquierda, el fiscal.

Escalones abajo, el banquillo de los acusados, todavía vacío.

Un nuevo proceso va a comenzar.

Dirigiéndose al ujier, el juez, Alfonso Hernández Pardo, ordena:

–Que pase el condenado.”

Eduardo Galeano

 

Después de las elecciones en México, antes de terminar los conteos ordinarios, los órganos estatales, las cadenas de televisión, las encuestas, la mayoría de la prensa, el propio presidente de México, se apresuraron para determinar quien era el ganador, –algo así como aquellas peleas de box de los “cincuenta y sesenta” en donde apenas terminando el round 15, aun sin el veredicto de los jueces, el referee levanta la mano a uno de los oponentes– posteriormente, nos encontramos con la compra de votos, –reconocidas por los partidos políticos derrotados– entrega de despensas, tarjetas electrónicas, equipos electrónicos, en resumen, beneficiarse de la necesidad de la población, hechos notorios que no requieren prueba, es la voz de la propia gente, que demuestra un procedimiento electoral que deslegitima al ganador y que se convirtió en injusticia  extrema, concepto utilizado al finalizar la Segunda Guerra Mundial por el profesor alemán de filosofía de derecho Gustav Lambert Radbruch, que sostenía que, en la resolución de los casos judiciales ante la presencia de leyes extremadamente injustas, se debe de apartar el juzgador de las mismas, y darle preferencia a la justicia sobre la seguridad jurídica  consiste esta en la simple aplicación de esas leyes.

Hoy, en México los partidos de oposición promoverán sus medios de defensa ante el tribunal electoral, y en un sentido legalista se corre el riesgo que determine este tribunal que sus argumentos resultan infundados, pues sostendrá que la ley no prevé este tipo de “irregularidades”, como causales de anulación, o bien, que sus argumentos son infundados o inoperantes, y por ende, no procederá la anulación de las elecciones, sin embargo habrá dos preguntas que responder, la primera, en el México actual, ¿Los juzgadores debe de someterse única y exclusivamente a la ley? A lo que respondía el ex Ministro J. V. Castro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México: “… No existe ninguna acción o recurso legales para declarar a una ley injusta.” (Castro, Juventino, Los jueces mexicanos y su justicia Editorial Porrúa, México, 2004.) y esto se debe a que las instancias judiciales se convirtieron en México en laberintos que no resuelven el fondo del asunto, como lo sostiene el ex Juez Roberto Reynoso: “Técnicas jurídicas rebuscada” que tienda a ocultar las evidencias de la verdad, no es técnica jurídica, sino trampa que lamentablemente manejan algunos tribunales que distorsionan la justicia.” (Reynoso, Roberto D. La misión del juez ante la ley injusta, Editorial Porrúa. México 2007); sin embargo, de acuerdo con el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de México a partir de 1998, esta ha dictado sentencia en contra de México en el asunto de Rosendo Radilla Pacheco, en fecha 23 de noviembre de 2009, que sostiene: “cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”, entonces, los juzgadores se tendrían que apartar de leyes que sean contrarias al propio pacto de San José que en su  articulo 23 establece los derechos políticos, como es “de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.”

Por tanto, los medios de defensa que tendrá que resolver el tribunal electoral son más complejos en su resolución; sin embargo, habrá que esperar en que términos se resuelven estas instancias jurisdiccionales, pues no podrán sentenciar en los mismos términos que en el derecho vigente de hace seis años, debido a la existencia de esta sentencia ya mencionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que es evidente que, con este procedimiento electoral fueron derrotados todos, incluso el propio triunfador, pues evidentemente pierde en su capacidad para gobernar, por tanto, queda contestada la segunda pregunta: ¿Este procedimiento electoral legitima al ganador?

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