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¿Qué es el derecho tributario subterráneo?

Por: Silvino Vergara Nava

2012-05-14 04:00:00

 

El miedo ha sido siempre
Un recurso del poder político”.
 
L. Ferrajoli
 
 
En la doctrina del derecho penal, se ha considerado la existencia de un derecho penal “subterráneo” que impone sanciones, castigos, penas a la población civil por órganos e instituciones del Estado o fuera del propio Estado en donde, desde luego, no existe un juicio, un procedimiento y, menos aun una sentencia, pero que logra controlar de alguna forma a la sociedad, (Zaffaroni, Eugenio, La Palabra de los muertos, Ediar, Buenos Aires, 2011). Así ha sucedido en la historia de la humanidad, sobre todo en regimenes absolutistas, o bien en estados en donde sus instituciones no cumplen con sus cometidos, y que por ende, permiten o bien, se ven rebasados por esta serie de actos ilícitos, ya que sea por corrupción o por incapacidad propia de las instituciones jurídicas. En el ámbito tributario cabe la pregunta ¿Existe un “derecho tributario subterráneo”?, es decir aquella serie de contribuciones, aportaciones y dádivas que se deben de dar por los ciudadanos a los miembros de instituciones tributarias, corporaciones administrativas, en resumen a autoridades que periódicamente reciben esas cantidades con fines diversos, –desde una licencia, hasta una concesión o condonación–, lo cual desde luego es evidente, pues desde el policía de caminos que periódicamente solicita a los transportistas, cargueros “la cuota” para circular sin restricciones carreteras que no permiten, por ejemplo, ese tonelaje o peso de los vehículos, hasta lo que se ha publicado últimamente con lo sucedido en México con las autorizaciones a la cadena de supermercados mas grande del mundo, sin embargo, ¿cómo se puede combatir el derecho tributario subterráneo?, una de las formas de abatir esta serie de comportamientos, es disminuir las sanciones administrativas e incluso penales que se presentan en la legislación, pues si las sanciones son tan altas, fuera de toda proporcionalidad, es evidente que resulta más económico esta serie de comportamientos, que  la imposición de la sanción, y todo lo que jurídicamente acarrea la misma. 
Desde la Reforma del 18 de junio de 2008 al artículo 22 de la Constitución, los legisladores, autoridades administrativas y jurisdiccionales, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen la oportunidad de abatir este derecho tributario subterráneo, ya que se incorporó el principio de proporcionalidad de las penas, como una garantía para el gobernado, lo cual desafortunadamente no se ha aplicado ni medianamente, menos en su plenitud, sin embargo, si una de las tendencias del derecho penal es el denominado derecho penal mínimo, (Feerajoli, Luigi, Razones jurídicas del pacifismo, Editorial Trotta, Madrid, 2004) esto es procurar la menor intervención de los delitos y penas en el ambiente de la población, así, debe de considerarse la existencia de un derecho administrativo sancionador “mínimo”, en donde se permita realizar una revisión a todas esas sanciones que existen en el ámbitos de las autoridades administrativas, aduaneras, tributarias, que han representado la existencia e incluso el incremento de este derecho tributario subterráneo, sin embargo, el problema lo hemos situado, precisamente en esta fase, es decir, en la existencia de apoyos económicos a las propios empleados de las instituciones publicas. El problema se incrementa con las noticias de la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, en donde el propio presidente de México sostuvo que en diversas regiones del Estado Mexicano existe un derecho tributario subterráneo, conformado por agrupaciones delictivas que cobran aportaciones a los gobernados, pues demuestra el fracaso de las instituciones del Estado, y por ello surge la necesidad de reinventar el sistema jurídico, desde la partida del propio derecho y no de la política, como bien lo sostenía A. Kauffman, después de la Segunda Guerra Mundial, “Antes de la revolución está la filosofía”.
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