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¡¿Modernización de la ley?! ¡ja!

Por: Samuel Porras Rugerio

2012-12-07 05:45:51

Todo el desprecio e impotencia que suele acompañar al uso del vocablo “burocratismo” para referirnos a las diversas anomalías  –lentitudes, enredos, corruptelas, autoritarismos– que afectan los trámites de los particulares en la oficina pública; quizá no sea suficiente para comprender la dimensión y alcance que este fenómeno representa tratándose de los juicios laborales en los que, paradójicamente como sociedad de consumo, los trabajadores pagan por un servicio deficiente y corroído por prácticas detestables propiciadas por la propia administración pública que lo proporciona. Una cosa es la letra de la ley y, otra, distinta, el uso gubernamental que de esa ley se haga. La primera, dice siempre lo mismo en el cuadernillo que la contiene; el segundo, se aprecia en hechos concretos que configuran una realidad social: la que vemos en Puebla.  

El 26 de junio pasado, un diario local1 reportaba: “Por su mala actuación en la impartición y la administración de justicia en Puebla, un grupo de abogados y ciudadanos publicó un desplegado donde solicitan la destitución del magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado… quien tomó posesión del cargo en septiembre de 2011”; (en la nota los interesados declaran que dicho funcionario) “tiene un adeudo de más de 40 mil pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por multas y recargos que fueron generados por negligencia del propio funcionario, porque no cumplió con algunos requerimientos realizados por varios jueces de distrito en la entidad poblana, quienes le solicitaron informes justificados o cumplir con algunas ejecutorías… Cabe mencionar que los litigantes que solicitan la destitución del presidente del tribunal tienen en proceso varios asuntos que quedaron “varados” en su curso legal por la omisión, el desconocimiento, la pereza, la arbitrariedad, la inasistencia, la negligencia dolosa y la negación consuetudinaria de (apellidos del funcionario) quien se niega a recibir a las partes en los procedimientos para exponer sus inconformidades.” “Por esas razones los abogados solicitaron la intervención de las autoridades estatales para dar respuesta positiva a esa denuncia pública, “queremos su destitución inmediata para evitar que siga causando más perjuicio en detrimento de la impartición de la pronta y expedita justicia”.

El 5 de noviembre, otro diario local2 tuvo como nota principal: “Burocratismo en la Junta de Conciliación”; dicho encabezado era acompañado por descripciones secundarias que resumían el sentido de la nota: “Hay 10 mil expedientes en trámite, muchos sin resolver”; “Corrupción y tortuguismo en los juicios laborales denuncian empresarios y trabajadores”; “El subsecretario del Trabajo desconoce el estado que guardan las denuncias porque son cuantiosas”.

A esta situación calamitosa no escapan los otros dos tribunales laborales asentados en Puebla: la Junta Especial 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Arbitraje municipal cuyos rezagos, al igual que aquellos, son impresionantes. La distinción de competencias legales, no los hace diferentes, pues todos  aparecen desempeñando su función de manera similarmente burocrática. No hay casualidad en ello. Es la expresión concreta, real, de la aplicación de las leyes laborales, convertida en política gubernamental; es decir, diseñada institucional e intencionalmente para operar de ese modo, con un bien premeditado objetivo: aburrir a los reclamantes de respeto a los derechos laborales fijados en la ley, con la aviesa intención de que, en el camino, abandonen el trámite.  

El discurso tutelar de los derechos laborales se convirtió en oscuro velo, tendido por los gobernantes, para cubrir los ojos de los trabajadores. Casi nada se dice acerca del doble juicio que realmente, en infinidad de casos, deben seguir éstos para hacer efectivo el derecho laboral reclamado. De conformidad con la ley aún vigente, los demandantes tienen dos tareas que se traducen en la obligación de ganar, prácticamente, dos juicios: uno, obtener el laudo definitivo que condene al patrón; dos, si el patrón decide, por morosidad o por consejo, no pagar; tendrá  que ir a la ejecución para hacer tangible el derecho previamente declarado.

El fomento gubernamental del burocratismo en los tribunales laborales se ha hecho incidir exactamente en esta doble obligación procesal. Abigarrar ambas fases procedimentales se ha logrado con medidas, bien calificables de perversas por tener el objetivo final de burlar, por propia vía institucional, los derechos de los trabajadores. Con los distintos tribunales del trabajo atestados de expedientes en trámite y con una creciente demanda del servicio ¿cuál es el sano sentido lógico de la administración pública que aconseja no contratar más personal y efectuar la simple sustitución del existente por otro con notoria inexperiencia? ¿qué tan adecuado resulta, para impartir justicia, los bajos salarios del personal, excesivas cargas de trabajo, computadoras de mala calidad y obsoletas o, por si no fuera suficiente, la falta de suministro de artículos tan indispensables como tinta y  papelería? ¿se tiene conciencia del tiempo que tarda en desahogarse una prueba pericial cuando el trabajador pide la designación de perito y para ello los tribunales recurren a la Dirección de Servicios Periciales de la PGJE? ¿o el de una prueba testimonial donde los patrones piden la citación de testigos por conducto de actuario? Esos son hechos notorios y cotidianos para los presidentes, de estos tribunales dependientes de poderes ejecutivos.

Pero si a pesar de la existencia de todas estas anomalías y la obviedad de los problemas que generan, no se pone remedio alguno, cabe formular otra pregunta, la peor por fatal ¿acaso se designan funcionarios con el buscado propósito de empantanar la tramitación de los juicios laborales, como forma de evadir responsabilidades frente a los trabajadores? Los hechos, parecen indicarlo.

Resultados visibles en los expedientes son: sustitución de los plazos legales por los de agenda; deficientes emplazamientos a juicio y notificaciones, o su ausencia reiterada; diversidad de criterios de aplicación de la ley entre tribunales, o aún entre juntas especiales; notorias ineficiencias y corruptelas en el tramo del dictado y ejecución de los laudos. En lógica cascada, propiciada por estos vicios de origen, aparece la creciente interposición de juicios de amparo mediante los cuales muchos de los avances en el trámite de los juicios laborales terminan por venirse abajo al ordenarse la reposición procedimental derivada de una mal hecha notificación o emplazamiento a juicio; el alargamiento en los tiempos procesales o de ejecución y, que se convierta al poder judicial federal en el auténtico tramitador de los juicios con todos los inconvenientes que esta “triangulación forzada” acarrea consigo.

Dentro de toda esta situación creada con el propósito de alimentar ánimos favorables a la, ahora, aprobada “reforma laboral”, merecen destacarse cuatro cuestiones específicas que revelan que no se buscó “modernizar” la ley, sino reducir derechos laborales con todas las implicaciones económicas que ello supone para trabajadores y empresarios.

Primera. Nunca debió perderse de vista que la Ley Federal del Trabajo que expira, previó el desahogo de un juicio laboral ordinario para concluirse en un tiempo máximo de 100 días y que, por ello, el alargamiento de los juicios para que hoy duren seis o siete años en promedio, no fue ni es problema de la ley, pues ésta fija  plazos y términos (tiempos) precisos; sino de una voluntad política de incumplimiento y violación de tales normas por parte de las propias instancias gubernamentales por vía presupuestal. 

Segunda. El burocratismo por línea o consigna puede lograr, siempre con base en el poder autoritario, “perder” o “encontrar” expedientes; aminorar o alargar tiempos de trámite, resolver juicios en un sentido o en el contrario, hacer eficaz o ineficaz una ejecución. El principio de buena fe que rige la aplicación de las normas de trabajo, quedó hecho añicos desde hace varios años. Sin embargo, hoy, parece que ni los añicos quedan. El olor a protección patronal a ultranza de empresarios consentidos, órganos y organismos públicos o sindicatos oficiales, por parte de los funcionarios encargados de esos tribunales consigue un innoble propósito: impunidad frente a los trabajadores que, aun con derechos reconocidos en laudo firme, no pueden hacerlos efectivos.

Tercera. Otra vía creada con el mismo propósito es la publicitada facilidad que se da, gubernamentalmente, a los empresarios para la creación de nuevas empresas. Dicho mecanismo, entre otros, ha permitido la gradual eliminación del derecho de los trabajadores a la participación de las utilidades de las empresas; pero, además, permite la creación de grupúsculos de sociedades mercantiles que, con la sola utilización de las distintas denominaciones sociales fácilmente creadas, evaden y defraudan derechos laborales. 

Cuarta. Como corolario, el famoso outsourcing; un sustantivo en inglés –importado, claro está, por cuestiones de globalización y libre comercio– que ha sido traducido eufemísticamente como “tercerización” y que alude, en realidad, al nada novedoso problema de la intermediación en las relaciones de trabajo como forma patronal de elusión de responsabilidades frente a los trabajadores.

A juicio de Néstor de Buen3 la definición más precisa de esta figura la hizo el Maestro Mario de la Cueva: “La intermediación ha sido una de las actividades más innobles de la historia, porque es la acción del comerciante cuya mercancía es el trabajo del hombre, para no decir que el hombre mismo; el mercader que compra la mercadería a bajo precio y la vende en una cantidad mayor; el traficante que sin inversión alguna obtiene una fácil y elevada plusvalía.”

Evoca, también, otro pasaje donde De la Cueva recordaba que dicha figura fue prohibida en Francia por el movimiento revolucionario de 1848: “La intermediación, tal como existía en Francia, era motivo de constantes quejas de los obreros, pues mediante esa institución, encargaba el patrono a un tercero contratar los servicios de los obreros para la ejecución de los trabajos; esta situación producía una doble consecuencia igualmente enojosa para los trabajadores. Por una parte, que el intermediario resultara ser el único patrón de los trabajadores contratados, con el peligro de su insolvencia y, de otro lado, que los salarios de los obreros tuvieran que reducirse, ya que, de la cantidad destinada por el patrono para ese efecto, tenía que descontarse la utilidad del intermediario.”

En México, con el fin de atajar tan perniciosa situación, en la Ley Federal del Trabajo desde 1970, se introdujeron las figuras de ‘solidaridad patronal’ y  ‘empresa’, en los términos que ofrecen los artículos 12 a 15. Sin embargo, de un tiempo a la fecha, las prácticas empresariales primero, y ahora, ya por formar parte del texto reformado, la vetusta figura de la intermediación se nos ofrece como parte de la “modernización” de la ley, como artículo de moda, bajo la colonizante expresión outsourcing para ocultar sus alcances. De Buen los describe así:

“Se trata, simple y sencillamente, de eludir las responsabilidades laborales propias que asume el tercero. Éste tiene arreglos sindicales, que en México se propician de manera vergonzosa por la propia Ley Federal del Trabajo, con la firma de los contratos de protección de tal manera que ofrece tranquilidad sin huelgas, despidos libres y cambio de trabajadores al gusto del consumidor. Se llega, inclusive, al colmo del mercantilismo: el intermediario otorga fianzas al cliente para asumir las responsabilidades que puedan derivar de demandas individuales o conflictos colectivos que eventualmente se le puedan presentar. Los temas principales son, sin duda, eludir el reparto de utilidades a los trabajadores, salvarse de los conflictos colectivos y poder disponer libremente de la mano de obra, en número y calidad. (…) ¡Lindo negocio, generalmente asociado a la insolvencia premeditada del proveedor de la mano de obra!

Como se ve, la tal modernización de la Ley Laboral no es más que la puesta en vigor, como ley, de las prácticas gubernamentales y empresariales más deshonestas y desleales para abatir los derechos laborales de los trabajadores, para con ello, abaratar el costo de la mano de obra y elevar ganancia. En el caso de Puebla haría falta ver si el gobernador Moreno Valle y la Secotrade tienen oídos para atender elementales reclamos sólo de diligencia e imparcialidad. ¡Dime como tratas a los trabajadores y te diré cuán autoritario eres!

 

1Intolerancia. Diario.

2El Popular. Diario Imparcial de Puebla, año 3, número 880.

3De Buen, Néstor, “El Derecho del Trabajo frente a las nuevas formas de organización patronal”, en Bouzas Ortiz, José Alfonso, La reforma laboral que necesitamos, UNAM–STUNAM, 2004, pp.61–82.

 

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