2013-05-27 04:00:00
Cartas a Gracia
El zócalo de la ciudad se tiñó de azul, Gracia. Prolegómeno del deseo victorioso de múltiples actores del procesos electoral en ciernes, la meta de llegada, la zona de recuperación, el templete y los anuncios de Telcel y Ciel, al que debieron arribar los “más de 20 mil participantes”, mostraron un rostro subliminal que notaron los más perspicaces. Cierto que los jóvenes respondieron con creces a la convocatoria que les reunió en torno a un acto carente de información relacionada con la ruta, altimetría, puntos de abastecimiento, sin chips y sin tapete electrónico, a pesar de contar con pagina web alusiva al acto y pesar de una convocatoria que destacaba la rifa de 50 laptops, pírricos premios en efectivo y la entrega gratuita de camisetas alusivas cuya leyenda destacaba en letras color guinda. Resalta el divorcio entre el Instituto Municipal de la Juventud y el Instituto del Deporte Municipal ausente de un evento que por su propia naturaleza cae en el ámbito de sus funciones y atribuciones. Masificada hasta el hartazgo, la competencia de 5 kilómetros cumple para justificar una chamba pero no para quienes asumen con seriedad una práctica deportiva. En un afán justificado por una rifa, muchísimos incipientes atletas abandonaron antes de un kilómetro señalado por un pendón aderezado con la palabra “respeto” que los organizadores no pudieron otorgar ni en la meta de llegada en la que brillaron por su ausencia y en la que fotógrafos imprudentes, bajo el lema “de es el riego que debes correr”, obstaculizaban el multitudinario arribo de miles de competidores.
Firmada el 14 de mayo de 2013 por Emilio Chuayffet Chemor, encargado del despacho educativo de la administración que encabeza Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo federal, con copia a su jefe y a tres de sus subordinados incluido el abogado de la dependencia y del nombrado secretario de Educación Pública, dirigida a Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública –a pa nombrecito, Gracia– del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la respuesta al “pliego petitorio de demandas para el año 2013” asume compromisos que podrían se considerados como respuesta a inquietudes y demandas enarboladas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sentidas por afiliados al SNTE y por personal al servicio de los gobiernos federal y locales, y que tendrían la intensión de reducir a la mínima expresión un movimiento que se ha levantado en contra de la reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así se podría considerar si se revisa el parágrafo 4 del numeral 5 de la respuesta en el que, tras filosofar acerca de las instrucciones que le transmitiera su jefe, enajenadas al Pacto por México, en el que se establece la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa señalando “que tomará en cuenta las condiciones y desafíos que enfrentan los maestros en su labor cotidiana, situación indispensable para lograr una evaluación objetiva, justa y técnicamente rigurosa que permita mejorar la enseñanza en los niveles preescolar, primaria, secundaria y de educación media superior”. De inmediato, en el párrafo subsecuente, quien firma la respuesta acota que “Es importante reiterarlo, la evaluación educativa no pretende vulnerar los derechos de los maestros. Busca conocer con la mayor precisión posible las fortalezas y debilidades del sistema educativo nacional, así como determinar las acciones estratégicas y necesarias para elevar el desempeño de los maestros y revalorar la función docente”.
Contradictorio el párrafo 8 del artículo en comento, participa, Gracia, que “fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas en ningún sentido implica vulnerar el principio constitucional de la gratuidad de la educación pública, sino un medio para el reforzamiento de la organización escolar para mejorar la calidad educativa. Previamente Chuayffet Chemor habría acotado la participación de los padres de familia, entre otras cosas, a “tomar medidas conjuntas “para mejorar la educación”, incluidas las de “reparar”, instalaciones, obligación constitucional de quien presta el servicio educativo establecido en el artículo tercero y en la Ley General de Educación, obligación de los ayuntamientos, a quienes se destinan fondos del ramo 33.
De manera clara y para que quede fuera de dudas a pesar de la situación geopolítica imperante en las oficinas locales del sector educativo, en las que el SNTE ocupa un sin número de secretarías, subsecretarías, direcciones de área, direcciones de nivel, jefaturas de oficina vinculadas a trámites de personal, Chuayffet comunica, a Juan Díaz y al gremio que representa y para que no hagan olas, que: “En suma, la reforma educativa permitirá al Estado asumir plenamente la acción rectora y reguladora de los procesos educativos. Asimismo, los cambios en marcha reafirman el carácter público, laico y gratuito de la educación pública, y constituyen un paso decisivo para avanzar hacia una educación incluyente y de calidad. (inciso 7). Ante un diálogo en el que las partes pretenden imponer su propuesta, convocaría a todos los actores (inciso 9) involucrados, incluidos trabajadores y trabajadoras de la educación disidentes creería yo, Gracia, para contribuir en la transformación del sistema. Concluye la parte introductoria con una aseveración realista; “sin los profesores no hay educación posible, ni reforma viable. La reforma educativa no se hace contra el maestro, se hace para el maestro, para los alumnos y los padres de familia (inciso 10). Falta espacio y tiempo para comentar, Gracia, 49 de los 59 artículos que conforma el oficio número SEP/OS/0358/ 2013 que me compartiera un amigo, pero en mucho el documento dirigido a Díaz parece decir: “Te lo digo Juan, para que lo entiendas Pedro”.
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