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Reglas de operación

Por: Gustavo Santín

2012-03-26 04:00:00

Vertiente obligatoria, como establece la metodología instrumentada por el Sistema Nacional de Evaluación Democrática cuyo sustento remite a los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente obligado “a fin de permitir a la Cámara de Diputados el análisis de las cuentas, con relación a los objetivos y prioridades de la Planeación Nacional referentes a las materias objeto de dichos documentos” establecida en el parágrafo tercero del artículo 6 de la Ley de Planeación (LP), facultad constitucional, fracciones I, de la Auditoría Superior de la Federación (“la entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados”) y II, que la obliga a “Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación” del artículo 79, “para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 29, 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal,” (artículo IV, LP), la evaluación institucional adquiere cada vez más, un carácter sustantivo.

Rubro, el de los servicios personales, bajo el escrutinio público, cuestionado permanentemente por representantes de medios masivos de comunicación, académicos, políticos de diferentes colores, adversarios de Elba Esther Gordillo Morales, presidente vitalicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lo mismo que por quienes objetan a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), debe obedecer, tanto en lo relacionado al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), como en lo concerniente al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) a “reglas de operación” establecidas, no con ese nombre, en la fracción IV del artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 (PEF2012). Entre las obligaciones impuestas a las autoridades educativas estatales por la Cámara de Diputados, sujetas a fiscalización, para “Transparentar los pagos que se realicen en materia de servicios personales en aquellos fondos que tienen ese destino, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal” (IV) destacan: informes trimestrales, publicación en la página de internet del “número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino;”, pago de retroactivos –“procederán hasta por 45 días naturales”.  

De manera puntual y establecido en el PEF20121, los Diputados Federales requieren conocerlos resultados de la conciliación –entidades/Federación– de la matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar 2011–2012, lo mismo que los resultados del cruzamiento del “número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de nivel básico, normal, de educación tecnológica y de adultos, por escuela,”, con la intensión de ubicar al personal que cobra en dos o más entidades colindantes, e informar adicionalmente a la Secretaría de Hacienda cuando los cobros se den en entidades 8 (estados y/o municipios) no colindantes o cuando superen los montos establecidos para la categoría superior. La fracción III, del inciso IV demanda de las autoridades educativas federales “actualizar, a más tardar el último día hábil de julio de 2012, el registro de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, así como la función que desempeña”, situación que alcanzaría a la totalidad del personal federalizado de educación básica, tecnológica y de adultos, información que será publicada mediante página de internet disponible con efectos de consulta publica orientada a autoridades “locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten”. Debe incorporarse información relacionado con movimientos de personal que se realicen en las plazas reportadas, (altas, bajas e incidencias).

Las reglas de operación, no identificadas como tales, requieren la relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, con licencia, jubilados y con licencia prejubilatoria, contratados por honorarios “identificando sus claves de pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciben por concepto de servicios personales,” y en el caso de los comisionados, la razón o el objeto para “desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales”. Para efectos de control, los diputados federales aprobaron el allegarse del “analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa”, lo mismo que “pagar” sólo a aquellos trabajadores cuya información solicitada se encuentre completa y como tributo a Josefina Vásquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional (PAN) en el artículo 10 de PEF2012 se incorpora literalmente la obligación a la que están sujetas “la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas, en el ejercicio de los recursos públicos federales, se sujetarán al acuerdo número 482 por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), por el que se establecen las disposiciones de la materia, publicado el 26 de febrero de 2009, en el Diario Oficial de la Federación, o a cualquier otro instrumento normativo que lo sustituya”.

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