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Interpretaciones maliciosas

Por: Gustavo Santín

2013-02-04 04:00:00

 

Cartas a Gracia

 

La inseguridad alcanza a todos, Gracia, trátese de un seleccionado nacional de atletismo, de tan sólo 15 años de edad, corredor que participaría próximamente en un acto en Turquía representando a México, asesinado cuando acudió ante los gritos de terror emitidos por su madre que era despojada de su vehículo en la cochera de su casa; que a las 34 trabajadoras y trabajadoras de Pemex muertas y muertos, a más de un centenar de heridas y heridos, víctimas, en el mejor de los casos, de una implosión y/o de una explosión (en cuyo caso serían asesinados), hipótesis de lo sucedido a pesar de la “línea” impuesta desde arriba, para que no se especule sobre los orígenes, los motivos y las causas, que posibilitaron una tragedia largamente esperada; que a cientos, miles de compatriotas que diariamente son asaltados, vejados, privados de la vida lo mismo que por la delincuencia organizada que por la del fuero común, o esquilmados por “agentes de la seguridad pública” adscritos a vialidad del municipio de San Andrés Cholula, quienes agazapados en el bulevar del Niño Poblano hacen de las suyas extorsionando a cuanto automovilista tiene el infortunio de cruzarse con ellos, a diferencia de “algunos afortunados” (tuve que auxiliar a un colaborador ayer domingo por la madrugada) que en el municipio de Puebla, al verse sorprendidos por el alcoholímetro, son reconvenidos, reeducados y beneficiados por un proceso de simplificación administrativa en el que participan elementos de Seguridad Pública municipal, oficiales de los juzgados cívicos, y que tras pagar la multa, recibo oficial de por medio, pueden marcharse con alguien que les tutele. Bien, Gracia, por los oficiales –y la oficial– de Amadeo que hacen su trabajo con eficiencia y buen talante.

Que las modificaciones al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “logran”, en presente, una “mejor educación pública” es una falacia que se repite constantemente en la radio nacional con cargo a los “tiempos oficiales”, Gracia, como si la iniciativa presidencial sacada de la chistera y dictada al amparo de un “pacto político” pero al margen del sentir de madres y padres de familia, de los ahora profesionales de la educación –servidores públicos–, de los académicos e investigadores especializados en educación y de otros actores del quehacer educativo nacional, pudiese transformar la realidad educativa nacional como por arte de magia y no como resultado de un proceso de “mejora continua”. Meollo de la disputa entre la clase política y empresarial, que ve en Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del Consejo Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) su mayor obstáculo, y de los y las trabajadoras de la educación que ven en la reforma al tercero constitucional la perversa intensión de despojarlos de su fuente de trabajo y privatizar la educación por vincular la evaluación al ingreso, la permanencia y la promoción en su fuente de labor, la evaluación no es más que la etapa final del proceso administrativo contemplado en la metodología para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo –Carlos Salinas de Gortari, Secretario de Programación y Presupuesto,1982–1987–, obligatoria para todas las acciones plasmadas en los Planes Sectoriales, incluido el del sector educativo, en los Planes Operativos Anuales pero soslayada por situaciones de orden político.

Interpretaciones maliciosas, elucubradas por “presuntos despedidos”, derivadas en lo escrito originalmente en apartado II –“El Imperativo de la Calidad”. de la introducción  de la iniciativa enviada por el titular de Ejecutivo federal a la LXII Legislatura, que establece, parágrafo citado literalmente, que: “la ley protege los derechos de todos los trabajadores incluidos los del magisterio. Quien ejerce la docencia en la educación básica y media superior que el Estado imparte tendrá garantizada su permanencia en el servicio en los términos que establezca la ley. Para ello, se deberá atender a las obligaciones inherentes de la función que realiza, que derivan de los fines de la educación que la Constitución establece. En este sentido, habrá que construir criterios, mecanismos e instrumentos de evaluación que permitan una valoración integral del desempeño docente y consideren la complejidad de circunstancias en las que el ejercicio de la función tiene lugar. Una evaluación sólida y confiable para el magisterio también servirá para el otorgamiento de estímulos y reconocimientos a los maestros.”; interpretaciones ¿maliciosas? acotadas por señalamientos vertidos por Emilio Chuayffet Chemor en el sentido de que la evaluación de los docentes no afectaría derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de la educación, pero respaldadas por la opinión de juristas que establecen que con el “condicionamiento de la “permanencia” en su base, los profesores dejarían, de facto, de estar regidos por el apartado B del artículo 123 constitucional, que abarca a los servidores públicos, y pasarían al apartado A que regula a los demás trabajadores, hecho al cual el SNTE se opone.”.

Pero, mas que una amenaza Gracia, la evaluación y entre ella la evaluación educativa, facultad y atribución de la administración pública por mandato del Sistema Nacional de Planeación Democrática, derecho de la sociedad en su más amplio sentido y no sólo de unos cuantos grupos de presión –empresariales–, requiere del diseño de un proceso que parta de la promoción de una cultura genérica de la evaluación (implicados todos los procesos y todos los actores públicos de los ámbitos, federal, local y municipal) que permita y no prohíba la participación de madres y padres de familia en una actividad que afecta directamente a los educandos, que capacite a los pater familias, dirigentes del sector educativo, docentes, que trase planes y programas, políticas publicas, infraestructura y material didáctico, que destine los tan cacareados recursos equivalentes a 8 por ciento del Producto Interno Bruto al gasto educativo, que obligue a los medios masivos de comunicación para que cumplan con la función de coadyuvantes del proceso educativo que les tiene como condicionantes la Ley General de Educación. En fin, Gracia, antes que pelear hay tanto por hacer que, para qué nos hacemos bolas.

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