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Gato por liebre

Por: Gustavo Santín

2013-04-01 04:00:00

Cartas a Gracia

Algún cronista deportivo mencionó, Gracia, que este fin de semana se realizaría un medio maratón en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, cuestión que despertó mi curiosidad, satisfecha mediante información preliminar disponible en la Internet que te comparto. Efectivamente, el sábado 30 de marzo a partir de las 8:30 horas se verificó la XXIX edición del Medio Maratón Venado–Charcas 2013, “evento organizado por el ayuntamiento de Charcas, San Luis Potosí”. Y como si se diera respuesta a ¿comunicadores? Chauvinistas, a críticas mal sanas, discriminatorias en contra de corredores kenianos “que se dedican profesionalmente al atletismo” y que ganan todos los premios en todos los eventos en los que participan, los organizadores entregaron premios especiales al mejor atleta mexicano, potosino, charquense y en silla de ruedas –en ambas ramas. Por cierto que dispusieron transporte gratuito para los participantes desde la capital del estado, distante 192 kilómetros. Resulta, Gracia, que Charcas, municipio y capital del mismo nombre contaba a 2010 con una población total 21 mil 138 habitantes, cifra que significa un porcentaje menor al uno por ciento de la población total de la entidad (0.08%) de los que 10 mil 328 son hombres  el resto, mayoritario, mujeres y (10 mil 810). Fundado “en el año de 1572 por conquistadores españoles”, tiene en la extracción de zinc su actividad económica predominante y en su medio maratón una forma interesante para promover el turismo.

Pero en consonancia con la llamada “Semana Santa”, seguramente para quedar en “paz con dios y su conciencia” y perturbar la de quienes disienten de las dos figuras o son francamente irreligiosos, diputados locales pertenecientes a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), miembros de la LXII legislatura, presentaron una “Iniciativa de Decreto por el que se Reforma el Artículo 2 de La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.”, mediante la adición de dos parágrafos que a la letra señalan: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones filosóficas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley y se realicen de conformidad con las disposiciones legales aplicables. … el Estado respetará la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”, adición mediante la que pretenderían, Gracia, así pareciera, acotar el texto original, ratificación del “pacto federal”, que aún establece que “el estado –Puebla de Zaragoza– adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, laico, democrático y popular, teniendo como base de su organización política y administrativa el municipio libre”.

Que se trata de “respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos bajo sus convicciones”, señalaría Carlos Espina von Roehrich, y no de modificar los contenidos educativos que pretendería “que esa misma garantía que quedó contemplada en nuestra constitución, en los mismos términos que se ha aprobado en el constituyente permanente, quede estipulada en nuestra constitución”. Que la propuesta sería un madruguete que abriría “la posibilidad de que a través de los comités de padres de familia, éstos se organicen y exijan al estado que sacerdotes o ministros de culto se presenten en las escuelas para impartir educación religiosa”, que son puntos que fueron retirados de la modificación al artículo 24 constitucional, señalarían Foro Cívico Puebla Laica y Foro Cívico México Laico, que anularía la vigencia del Estado laico, que tendría visos de una provocación que buscaría una confrontación ideológica, que sería “retroceso histórico”, señalarían diputados opositores pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a Movimiento Ciudadano (MC).

Pero el quid del asunto no radicaría sólo en la iniciativa de decreto, Gracia, sino en lo que se dice u omite en la exposición de motivos que fundamenta lo que los panistas pretenden; inciso e) “El derecho a la educación religiosa ejercido por los padres, que consiste en la facultad y libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, cuyo legítimo ejercicio corresponde a ellos y que tiene como escenario natural el seno familiar”, explicitado por el artículo 1 del El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), citado en el decreto propuesto, que señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza”, literal en la exposición de motivos aludida, sin precisar si el termino “enseñanza” se refiere a un  derecho público o privado, pero acotado por lo señalado en el artículo 4 (PIDCP) en el que se establece que “los estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, la de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.".

Y habría más, Gracia, y no obstante, los párrafos que te comparto son explícitos en las aspiraciones reaccionarias de quienes pretenden imponer formas de pensar no compartidas con grandes minorías, gato por liebre, pues si bien los tratados internacionales gozan de un rango de ley subordinado o equivalente, según interpretación de los doctos, a los principios establecidos en la Constitución, no son aplicables cuando contravienen normas constitucionales vigentes.

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