La sustentabilidad del turismo, pretexto para el despojo

El 8 de febrero pasado, a través de la Secretaría de Economía, el gobierno federal anunció que destinaría 35 millones de pesos para adecuar la infraestructura turística en la Sierra Tarahumara. Lo anterior para dar opciones económicas a los indígenas de aquella zona del país, bajo el supuesto de que con esa iniciativa se podría aliviar las condiciones de pobreza en la que viven. Usted pensaría “tal vez que es una buena idea promover otro tipo de iniciativas, como el turismo”. Pero ¿cuáles son las condiciones que, en términos generales, prevalecen en el modelo de desarrollo turístico nacional? ¿Este modelo permitiría a los indígenas tarahumara incorporar sus saberes y tomar sus propias decisiones en el marco de la planeación, gestión y organización de sus proyectos?

Pues lo dudamos; estas “recetas” ya las hemos visto en diversas comunidades de indígenas y de campesinos en nuestro país. Parecería simple: el gobierno destina recursos a crear infraestructura, la cual al ser parte de la oferta turística se incorpora como parte de un producto turístico al conjugarse elementos del patrimonio natural y cultural. La cereza en el pastel sería un programa de promoción que atraería a visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Y entonces, todos contentos. Con los ingresos se transitaría al ansiado “desarrollo”.  Sin embargo, el asunto es más complejo: detrás del discurso de que el turismo será la actividad productiva ideal para los pueblos, se encuentra todo un andamiaje institucional y legal afín al modelo neoliberal ya echado andar en México décadas atrás, donde las empresas privadas y los altos funcionarios de gobierno han tejido redes de corrupción para verse favorecidos con proyectos turísticos, por lo que  los más necesitados del supuesto desarrollo que el turismo atraerá, son los menos favorecidos con ello.

¿A qué nos referimos cuando hablamos del andamiaje institucional? El organismo encargado de la planeación y fomento del turismo en México, es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que tiene entre sus objetivos la consolidación de una oferta turística y de negocios con cargo al despojo que se está haciendo a partir de los proyectos de creación de infraestructura, especialmente en las costas. Recordemos el caso de los campesinos de Chametla, municipio de Escuinapa, Sinaloa, que fueron violentamente despojados de sus tierras al tiempo de que el Fonatur anunciaba la construcción ahí del último Centro Turístico Integralmente Planeado (sic) de la presente administración, al modo de los que ya conocemos: Cancún, Ixtapa, Loreto, Los Cabos y Huatulco. (La Jornada, 24/08/2011)

Y como si esto fuera poco, las atribuciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, contenidas en la Ley General de Turismo estrenada, por supuesto, en el presente sexenio, han prohijado un discurso sobre la sustentabilidad del turismo convertido en la justificación para estimular la voracidad del capital sobre el territorio y el espacio de los pueblos indígenas. Como usted verá estimado lector, tenemos dudas de la benevolencia de estos proyectos en la Sierra Tarahumara.