Colombia: la ruralidad de la "democracia más sólida de Latinoamérica"

En plena guerra fría Henry Kissinger, el gran estratega de la geopolítica imperialista, habló de Colombia como la democracia más “sólida” de Latinoamérica. En ese momento el país sudamericano no era –como lo es ahora– sinónimo de guerra y narcotráfico.

Durante el siglo XX en Colombia no hubo nada análogo a los regímenes del “Bestiario Tropical” –Somoza, Trujillo, Gómez, Batista. Nunca se consolidó algo similar a las brutales dictaduras anticomunistas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Los populismos de izquierda y de derecha no tuvieron éxito en Colombia. La idea de un partido único nunca cuajó del todo en las élites políticas liberales y conservadoras. No fue exitosa ninguna aventura política por fuera del bipartidismo y, al interior de él, los reformadores fueron bloqueados o eliminados.

Colombia tuvo durante prácticamente todo el siglo XX, elecciones competitivas entre los dos partidos históricos. A eso se refería Kissinger. Esta estabilidad hablaba entonces de la consistencia de la hegemonía bipartidista. Significaba consenso dentro de las élites y administración exitosa de la coerción hacia los otros segmentos sociales. La implicación de esta “solidez” en la sociedad rural fue que nunca hubo reforma agraria –que casi siempre es hecha por populistas, reformadores y/o revolucionarios– pese a la gran existencia de campesinos pobres y sin tierra. El pacto oligárquico nunca fue roto desde su interior, hecho necesario en las reformas o revoluciones.

 Lo que sí existió fue una continuada guerra contra la economía campesina, en la que las élites concordaban en los objetivos aunque disintieran en los métodos. La modernización fue entendida como un proceso de descampesinización más o menos violento, pero necesario. La visión compartida por las élites del desarrollo rural tenía alternativas más o menos eficientes: ganadería extensiva, sustitución de cultivos transitorios por permanentes, concesiones mineras, urbanización y/o narcotización. El fortalecimiento de la economía campesina no era opción puesto que eso significaba incluir en la sociedad a ese amplio sector social “antimoderno” y desconocer el corolario de la hegemonía bipartidista.

Hasta hoy, los resultados de este imperativo elitista son costosos para toda la sociedad: 1) en la Violencia, 1946/1966, hubo 200 mil muertos y 2 millones de desplazados; 2) contemporáneamente, Colombia ostenta el deshonroso récord de ser el segundo país del mundo en número de desplazados, con más de 4 millones, sólo superado por los 5. 8 millones de Sudán; 3) entre 1980 y 2010, 6.6 millones de hectáreas agrícolas fueron despojadas violentamente –aproximadamente 12.9 por ciento de la superficie cultivable– y 434 mil 99 familias se quedaron sin su parcela. Asimismo, Colombia tiene uno de los peores índices de acceso a la tierra (1 es concentración total, 0 es ninguna): 0.74 en 1974 y 0.84 en 1988. A finales de los 90, el indicador oscilaba entre 0,86 y 0,88. En México por ejemplo, el mismo coeficiente para el año 2000 no sobrepasaba el 0.64). Al calor de estos agravios se forjó la insurgencia y para protegerse de ella, las élites reavivaron el engendro paramilitar. Los muertos se han multiplicado.

El gobierno contemporáneo –de rancia estirpe elitista– quiere realizar la monumental tarea de restituir lo despojado y reparar las víctimas. Tendrá entonces que romper el consenso bipartidista. Ya muchas voces del bloque en el poder protestan aireadamente. Paradójico en este contexto que Clinton expresara en su última visita al país, el pasado miércoles 16 de febrero, que Colombia era más que música y violencia, que era también la democracia “más sólida” de América.