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Y la Ley de Asociación Público–Privada finalmente se impuso a favor del gran capital

Por: Arturo Huerta González

2012-01-17 04:00:00

Felipe Calderón promulgó el domingo 15 de enero la Ley de Asociaciones Público–Privada que abre la frontera de inversión al sector privado nacional e internacional en todas las áreas de la economía, excepto en el Ejercito. Señaló que con esta ley “ganamos todos” al permitir ampliar la inversión en infraestructura, y adelantó que “habrá que pensar en nuevos espacios que permitan una mayor participación del sector privado en las áreas fundamentales de la economía del país”. Con tal declaración deja la puerta abierta a que el sector privado participe más ampliamente en el sector energético, en el sector eléctrico y en todas aquellas áreas que le ofrezcan gran rentabilidad. La consecuencia de ello es la mayor reducción de la participación del Estado en la actividad económica, no sólo en sectores estratégicos, sino en todos aquellos que realizan la prestación de los bienes y servicios públicos, como salud, educación, agua, alcantarillado, etc., donde al participar el sector privado se tendrá que cobrar en la prestación de estos servicios (que ya no serán públicos), para garantizar la rentabilidad deseada y buscada por los inversionistas privados que participen junto con el gobierno en ello.
Calderón festejó que por lo “pronto” dicha ley “nos permitirá ir más rápido y a un paso más fuerte en la construcción del México próspero y seguro”. No se da cuenta, o no quiere reconocer, que por más reformas estructurales a favor de la mayor privatización de la economía, impulsadas por su gobierno, como por sus antecesores, ello no se ha traducido en mayor prosperidad para el país, ni en mayor seguridad.
México está hoy en día más subdesarrollado y más inseguro que antes de que se desarrollaran dichas reformas. La banca internacional domina el sector bancario y financiero. Las empresas trasnacionales dominan el sector industrial y comercial, y tiene fuerte presencia en la industria petrolera y eléctrica. La gran burguesía nacional domina telecomunicaciones, como en ciertas ramas industriales de alimentos, y realiza fuertes inversiones fuera del país, más de la que realiza la burguesía de otros países de América Latina, fuera de ellos.
El gran capital es el favorecido de las políticas de privatización impulsadas por el actual gobierno y sus antecesores, que han polarizado la concentración del ingreso y han llevado a que en nuestro país existan los más bajos salarios de la OCDE, y de los más bajos salarios de América Latina, lo que se ha traducido en aumento de la miseria y de la violencia.
Calderón criticó a aquellos que en el Congreso se opusieron a dicha Ley de Asociación Público–Privada, calificándolos de expresar “prejuicios, ideas inexactas, intereses y muchos absurdos”. Que bien que haya gente en el Congreso (me refiero a aquellos pocos diputados del PRD y los del PT) que se pronunció contra dicha ley, ya que la realidad les da la razón por oponerse a los intereses del gran capital que defiende Calderón, que cree que el libre mercado y la mayor participación del sector privado son la solución a los problemas que enfrenta el país. Que bien que haya Congresistas (aunque lamentablemente son pocos) que defiendan posiciones nacionalistas en beneficio de las grandes mayorías.
El PAN y el PRI se han encargado de impulsar la privatización y reducir la participación del Estado en la economía a la sola función de gestionar y administrar contratos en beneficio del sector privado. En la campaña política que ya está presente, los que nos quieren gobernar deben definir que tanto Estado se requiere para satisfacer las demandas de crecimiento, de empleo y bienestar de la población, o si dicha tarea se la van a dejar al sector privado, tal como ha venido aconteciendo con los resultados conocidos.
Algunos candidatos hablan de que habrá cambios sería bueno que explicitaran a cuales se refieren en torno a la participación del Estado en la economía. Si impulsarán la instrumentación de la Ley de Asociación Público–Privada, o la limitarán, y aumentarán la participación del Estado. Hay que recordar que el sector privado busca la ganancia, y el Estado está (en principio) para satisfacer las demandas de la sociedad.

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