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La deuda pública y sus vericuetos

Por: Arturo Huerta González

2012-10-30 04:00:00

 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), espera que el nuevo gobierno continúe con la meta de inflación de 3 por ciento; que garantice la disciplina fiscal; y preserve la autonomía del Banco de México. Es decir, que se siga actuando igual que en las últimas dos décadas, período en el cual tales políticas han reducido la participación del Estado en la actividad económica, e incrementado la participación de la cúpula empresarial, nacional e internacional en la economía, situación que ha redundado en mayor economía informal, mayor número de pobres, grandes desigualdades sociales, y el clima de violencia y delincuencia que se vive en el país.

La reducción de la inflación se ha alcanzado a costa de priorizar políticas monetarias y fiscales restrictivas, y de abaratar el dólar, lo que ha actuado en detrimento de la competitividad, de la esfera productiva, como del crecimiento y la generación de empleo. La economía ha pasado a tener menos condiciones endógenas de crecimiento, y a depender cada vez más de la entrada de capitales, lo que nos ha colocado en un contexto de alta vulnerabilidad. La reducción de la inflación no tiene condiciones productivas internas que la sustenten, sino ha sido la entrada de capitales.

La disciplina fiscal, se ha alcanzado a costa de restringir el gasto e inversión del sector público, lo que ha reducido el tamaño y participación del Estado en la actividad económica, dando paso a la mayor privatización, no solo de los sectores estratégicos de la economía, sino también de los servicios públicos. Ello ha redundado en la polarización de la concentración de la riqueza, y en la mayor subordinación del Estado a los intereses de los grupos que controlan el poder económico del país, marginando más las demandas sociales de la población.

Se insiste en mantener sin cambios la autonomía del banco central, a fin de que prosiga el objetivo de la estabilidad del poder de compra de la moneda, moneda que es controlada por el sector financiero que opera en el país. Al no tener el gobierno el control de la moneda, se le obliga a trabajar con disciplina fiscal, y a reducir su participación en la economía, para que siga ampliando el proceso de privatización de la economía, en beneficio de los dueños del dinero.

Asimismo, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial manifestó preocupación por el incremento de la deuda pública en 8 puntos porcentuales durante el sexenio de Felipe Calderón, la cual pasó de ser 29 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2006, a 37 por ciento hoy en día, donde destaca el repunte de la deuda externa, que pasó de un saldo de 24 mil 300 millones de dólares a más de 119 mil millones, y se pronunció por que la relación de endeudamiento se mantenga por debajo de 40 por ciento del PIB. Se oponen al crecimiento de la deuda pública, en la cual ellos son los que han sido favorecidos, pues (tal como él reconoce), el saldo de dicha deuda contempla obligaciones del IPAB, pasivos del Fonadin, Pidiregas, Programas de Apoyo a Deudores y pérdida esperada de la banca de desarrollo y fondos de fomento, que se ha derivado de los programas de rescate que el gobierno ha instrumentado en apoyo a la cúpula empresarial. Éstos son los que se han beneficiado de la deuda, y además, son los que poseen los títulos de la deuda, y ganan por los intereses de ésta, y aún así quieren restringirla. Se pronuncian por limitar las deudas, sobre todo de estados y municipios, a fin de que éstos, al no poder financiar sus gastos con crédito, procedan a vender los pocos activos con que cuentan para poderse financiar, y así pueda la cúpula empresarial apropiarse de dichos terrenos y activos, de los estados y municipios. De igual forma señalan que el gobierno federal, debe generar un superávit primario para enfrentar sus pasivos, y para que el gobierno logre ello tendrá que contraer más su gasto, y su participación en la economía, y así ampliar la de la cúpula empresarial.

Al limitar la deuda pública, a no más de 40 por ciento del PIB, es continuar restringiendo la participación del Estado en la economía. De hecho dicha deuda no debe ser para el rescate de la cúpula empresarial, sino para impulsar el crecimiento del sector agrícola e industrial, como el empleo, y así generar condiciones de crecimiento que mejoren el ingreso nacional, y con ello el ingreso tributario, para que éste crezca más que el costo de la deuda, y así el gobierno pueda hacer frente al pago de dicha deuda, y reducirla.

No se requiere reducir la deuda pública para que haya crédito a la producción y al consumo, como ellos dicen. Cuando el déficit fiscal y la deuda pública se disminuyeron, no aumentó el crédito a la producción, pues la economía no mostraba condiciones de crecimiento. Se requiere que el gobierno gasté más a favor del crecimiento económico, para que así se mejore el ingreso del sector productivo, y así éste pueda disponer de mayor disponibilidad crediticia, ya que tendría condiciones de reembolso.

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