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El déficit fiscal no fue la causa de la crisis en la zona euro

Por: Arturo Huerta González

2012-05-15 04:00:00

 

Es generalizado escuchar que el derroche del gasto público llevó a la crisis a las llamadas economías periféricas (Grecia, Portugal, España, Italia, entre otros) en la zona euro. En una entrevista televisiva el empresario regiomontano, el señor Romo, que apoya a López Obrador, señala que está con éste porque defiende la austeridad fiscal, para evitar caer en la crisis en que cayeron los países de la zona euro. Tales planteamientos no tienen respaldo en los datos. Estos reflejan que hasta 2007 casi todos los países de dicha zona tenían las finanzas públicas y su relación de endeudamiento del sector público dentro de lo establecido por el acuerdo de Masstricht, de no tener una relación de deuda superior a 60 por ciento del Productor Interno Bruto (PIB), y un déficit no mayor a 3 por ciento del PIB. Lo que ocasionó que tales indicadores se dispararan fue la crisis de 2008–09 y la drástica contracción de la actividad económica. La caída del ingreso de las empresas e individuos, ocasionó problemas de insolvencia, y la crisis bancaria. Ello derivó en déficit fiscal y aumento de la relación de endeudamiento, ya que la contracción de la actividad económica disminuyó la captación tributaria, y de ahí el déficit fiscal. Por su parte, la inestabilidad bancaria obligó a los gobiernos a transferir grandes recursos a la banca para evitar su descapitalización, lo que presionó sobre las finanzas públicas y sobre la deuda pública. Fue en consecuencia la crisis la que ocasionó el aumento del déficit fiscal, y de la deuda pública, y no el gasto despilfarrador atribuible a los gobiernos de tales países.

El antídoto que los organismos financieros internacionales y el Banco Central Europeo están imponiendo a tales países es la aplicación de la política de austeridad fiscal, como si el déficit fiscal fuera el causante de la crisis, siendo que fue un resultado de ésta. La austeridad fiscal es una demanda que siempre ha tenido el sector privado, la cual está encaminada a restringir la participación del Estado en la actividad económica, e incrementar por ende la del sector privado. El libre mercado siempre ha estado por la no injerencia del sector público en la economía. Colocan tal demanda como condición de confianza para que invierta el sector privado, y así la economía y el empleo dependan de las decisiones de éste, y no del sector público. Ello ha llevado a aumentar el poder del sector privado sobre el sector público, y a subordinar a éste cada vez más a los intereses de la cúpula empresarial. Cualquier intento del gobierno de trabajar con déficit fiscal (encaminado a incrementar al demanda e impulsar el crecimiento y el empleo), es rechazado por la cúpula empresarial, ya que lo ve como un acto que actúa contra el estado de confianza deseado por ellos, y amenazan con desinvertir, con sacar capitales ante las expectativas inflacionarias y devaluatorias que supuestamente se derivan de dicho déficit. De ahí que se impone la disciplina fiscal, para configurar las condiciones de confianza exigidas por el gran capital, a costa de contraer más la presencia del Estado en la economía, y aumentar la de la cúpula empresarial, con la consecuente mayor concentración de la riqueza y del ingreso, contracción de demanda y del mercado interno, y de los gastos de bienestar social.

Al trabajar el gobierno con disciplina fiscal no tiene capacidad de tener política contra–cíclica frente a la contracción de la inversión privada y del consumo, ni frente a los shocks externos. Al reducirse la participación del sector público en la economía, la actividad económica, como el empleo pasan a estar determinados por las decisiones del sector privado, como del acontecer del sector externo. El problema es que el sector privado no está invirtiendo pues el mercado interno está contraído, por la propia política de austeridad fiscal, como por la baja competitividad de la producción frente a importaciones, y el sector externo es deficitario, lo que actúa en detrimento del crecimiento. En tal contexto, la austeridad fiscal lleva a la economía nacional al peor de los mundos posibles. No sólo al estancamiento, y al mayor desempleo, sino a la mayor reducción del Estado en la economía, y a su subordinación a los intereses de la cúpula empresarial. Si en realidad el candidato de la llamada “izquierda” está por el “cambio verdadero”, ello pasa por mayor participación del gobierno en la actividad económica, lo que requiere de mayor gasto público a favor de la agricultura, como de la industria, de los sectores estratégicos, como del empleo. Ello requiere de una política monetaria que lo viabilice, y no sería inflacionario, ni llevaría a una deuda insostenible, dado que reactivaría la economía y mejoraría la captación tributaria, y reduciría las presiones sobre el sector externo.

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