El pleno de la LXII Legislatura local dio inicio formal al proceso de juicio político promovido en contra de Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax), presuntamente por incurrir en actos u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
Lo anterior porque los diputados conformaron la comisión especial de congresistas que se encargarán de atender la denuncia promovida por la presidenta del citado instituto, Marlene Alonso Meneses, quien denunció que sus compañeros del organismo han incurrido en actos que atentan contra el buen despacho del instituto.
Ello porque ambos comisionados desconocieron y actuaron en contra del decreto del Congreso del estado por el cual ella fue designada como presidenta del instituto, y en su lugar fue nombrado “de manera ilegal” Cabrera Canales.
De acuerdo con el resolutivo aprobado por el pleno del Congreso local, el procedente “integrar la Comisión Especial de diputados que conocerá de la denuncia de juicio político, presentada ante esta soberanía por Marlene Alonso Meneses, en su carácter de Comisionada Presidente, en contra de Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales, en su carácter de comisionados, todos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, misma que estará integrada por: los diputados J. Carmen Corona Pérez, quien fungirá como presidente y por los legisladores Carlos Morales Badillo y Agustín Nava Huerta como vocales.
En su momento, al dar lectura del dictamen, el propio Corona Pérez explicó que de acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el juicio político procede contra los servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 107, los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, de la Procuraduría General de Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de Fiscalización Superior y de las Coordinaciones y los Organismos que integran la Administración Pública Paraestatal, así como contra los Consejeros Electorales del Consejo Electoral del Instituto Electoral de Tlaxcala y el Secretario General de éste, así como en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes municipales y los miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, así como contra los titulares de las secretarías o despachos de las presidencias municipales, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
En este caso, la solicitud de juicio político fue presentada el 20 de febrero de 2018 y ratificada dos días después ante la Secretaría Parlamentaria, según consta en el Acta de Ratificación de la denuncia en mención y ahora esta instancia, junto con la denunciante, “coadyuvarán en la realización de las gestiones necesarias que les permitan reunir y aportar los medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad política o no de los servidores públicos denunciados”