En los dos últimos sexenios federales, las redes de proxenetas se han consolidado en Tlaxcala y se ha profundizado la destrucción del río Atoyac-Zahuapan, con la correspondiente crisis de salud pública, aseveró Raúl García Barrios, investigador y coordinador científico del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), quien atribuyó estas problemáticas a la aplicación irrestricta de principios competitivos del neoliberalismo y a la ausencia de acciones gubernamentales efectivas.
Al comentar el XVI informe de actividades del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C, señaló que hace 12 años “todos los mexicanos entramos por una decisión unilateral del presidente en turno (Felipe Calderón Hinojosa) en la guerra contra el crimen organizado, que no hizo otra cosa más que degradar en todo el país los términos de nuestra seguridad, tranquilidad, convivencia y protección”.
Apuntó que en ese tiempo el mandatario encabezaba “un Estado nacional profundamente desviado que implicaba reformas jurídicas institucionales, bajo el pretexto de promover el flujo de inversiones y asociaciones productivas, sin atender los profundos fallos ejecutivos y judiciales que caracterizan al Estado mexicano”.
El académico explicó que esos factores “terminaron por abonar a favor de los intereses particulares de grupos de empresarios, facilitándoles la expropiación indebida, la sobreexplotación y depredación del territorio, medio ambiente, recursos naturales, personas, la dignidad de estas, y los recursos públicos, la fuerza de trabajo, las relaciones comunitarias y todo patrimonio histórico y cultural de los pueblos y de la nación”.
“Como se ha señalado Tlaxcala no ha escapado de esta dolorosa realidad”, pues en estos dos sexenios (federales) “se han consolidado” las redes de tratantes de mujeres y niñas y se profundizó la destrucción ambiental de la cuenca de los ríos Atoyac-Xochiac- Zahuapan, con la correspondiente crisis de salud pública.
Destacó “la manera tan valiente” en que a través de este informe el CFJG diagnostica la realidad social que vivimos desde hace, probablemente, más de 30 años”, pues se enfrenta cara a cara con uno de los vicios morales más profundos del Estado mexicano.
“Me refiero –indicó el investigador- al modo soslayado, simulado, sistemáticamente mentiroso, en que la autoridad omite, violenta o impide el ejercicio de los derechos humanos fundamentales; limita al mínimo la capacidad de los instrumentos jurídicos existentes para defender esos derechos”.
El liberalismo capitalista se mantiene vigente y aún causa estragos sociales en todo el mundo y se refleja en particular en hechos que este informe denuncia y trata de corregir, pero bajo la perspectiva neoliberal la disolución de la comunidad es un resultado necesario y por lo tanto deseable, de la formación de actores sociales fundamentales del desarrollo: empresarios, capitalistas, trabajadores, incluso, marginados sociales, asentó.
Enfatizó que la lucha del CFJG y de grupos activistas, “desgraciadamente ocurre en un entorno lleno de oscuridades y horrores”, pues en su informe muestran las heridas “profundísimas” que sufren la sociedad y la naturaleza en la entidad tlaxcalteca.
Ello –resaltó- a causa de la aplicación irrestricta de principios competitivos del neoliberalismo y la consecuente ausencia de acciones efectivas de protección de los derechos fundamentales de las personas y de la naturaleza, por parte de los organismos del Estado.
“El relajamiento de las normas de protección para atraer el capital detonó hace más de dos décadas y el asentamiento de miles de empresas, lo que impulsó una urbanización descontrolada en poblaciones dedicadas tradicionalmente a la agricultura”.
Ambos procesos –insistió- dispararon un profundo desorden social y expresaron su peor forma en la proliferación de bandas criminales dedicadas a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y en una sobreexplotación de bienes naturales vitales, como el agua subterránea y ríos; transportación, pseudotratamiento y acumulación de residuos industriales y municipales.
“Un daño a cualquier parte del cuerpo comunitario afecta integralmente y no puede haber mayor daño que el que se implique esclavizando el cuerpo de nuestras hijas y hermanas con fines de explotación sexual o los bienes comunes vitales con fines de reducir del costo privado en el proceso de competir por la apropiación y acumulación de ganancias”.
Ante el auditorio, conformado por miembros de la sociedad civil, comunidades, académicos, funcionarios públicos y el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, Raúl García anunció que el CFJG tiene la posibilidad de presentar la denuncia de falta de participación del Estado para la restauración del río Atoyac-Zahuapan y la compensación a personas dañadas.
Puntualizó que en el mes de octubre próximo el TLA celebrará una audiencia en la que podrá ser expuesta esta situación en el contexto internacional y agregó que también está abierta la invitación a participar en una red internacional académica, formada a partir de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para llevar a cabo labores de investigación en materia de geoderecho.
“Esta red se va a dedicar en los próximos cuatro años a exponer casos de injusticia ambiental notorios a nivel mundial y el del Atoyac es uno de los dos seleccionados a nivel México”, acentuó. Además, abundó que en el TLA, “todos los asuntos son sometidos a un escrutinio científico muy riguroso y sin duda, los estudios que presenta el CFJG compiten a nivel internacional”.
Realzó la importancia de la vinculación de la sociedad civil organizada con la academia, pues ha derivado en diagnósticos como el de la percepción ciudadana de la trata de mujeres y niñas en Tlaxcala, así como en la propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan.
“En todas las oficinas de gobierno existen simuladores profesionales que utilizan precisamente el lenguaje de la normatividad científica y técnica, pero para mentir, confundir y engañar a la población, y que estos agentes hayan sido educados en las universidades, nos impone a los académicos, una deuda social que tendremos que saldar algún día; vamos a tener que acabar con este tipo de cosas”, expresó.
Consideró que no se va a salir “de este agujero tremendo” si no se agrupan las universidades y la sociedad civil, a favor de las comunidades.
Luego, Julio César Salcedo Aquino, obispo de Tlaxcala, mencionó que en este proceso de conocimiento de la Diócesis local, “poco a poco me he estado dando cuenta de muchos aspectos a varios niveles” e informó que la semana pasada el Episcopado Mexicano aprobó el Plan Global de Pastoral, por lo que localmente se hará lo propio, con base en un análisis de la realidad en la entidad, “para dar respuesta”.
“Esto que se ha estado hablando aquí, lo señalan los obispos en este documento, la sobrevaloración del individuo por encima de la colectividad… la migración forzada, pero también se quiere tener una mirada de fe a las heridas y esperanzas de nuestro pueblo mexicano, en la que se habla de la desigualdad, la familia, violencia, la situación de jóvenes envueltos en el narcotráfico, la trata de personas y el desempleo”.
Pero –recalcó- tampoco podemos dejar de mencionar la situación injusta y precaria a la que han sido sometidas muchas mujeres durante siglos, incluso en el seno familiar y aún en la iglesia; “nos falta por andar en materia de valoración plena del género femenino”.