Desde la máxima tribuna del estado, la diputada del PRD Socorro Quezada Tiempo denunció una estrategia fallida del gobierno del estado para atender el fenómeno de los linchamientos, pues en lo que va del año se han contabilizado 18 casos, de los cuales siete se consumaron causando la muerte de supuestos delincuentes y de personas inocentes confundidas con maleantes.
“La última semana presenciamos el linchamiento de cuatro personas en Yehualtepec y hace dos días en Tlacotepec de Benito Juárez, en donde lamentablemente asesinaron al consejero presidente del consejo distrital de Ciudad Serdán”, refirió Quezada en la sesión de ayer de la Comisión Permanente del Congreso local.
Reprobó que el Instituto Electoral del Estado (IEE) se limitara a emitir “un simple comunicado” sobre el tema, confirmando el asesinato, pues aseguró que ese documento “no va a disminuir el dolor que vive la familia”.
La CNDH confirma omisiones de las autoridades poblanas
Quezada explicó que los distintos niveles de gobierno, principalmente el estatal y el municipal, se responsabilizan mutuamente, buscando eximirse de los hechos al establecer que “el linchamiento fue perpetrado por particulares”.
Las investigaciones, prosiguió la legisladora de izquierda, solo se dirigen a los ciudadanos, sin indagar las acciones y omisiones de funcionarios que tuvieron conocimiento e intervinieron en el acto.
Dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) corroboró esas omisiones en el linchamiento de dos encuestadores en el municipio de Ajalpan el 20 de octubre de 2015, por el cual emitió la recomendación número 78/2017 al gobierno del estado y a la autoridad municipal.
Solicita Quezada Tiempo al gobierno informe sobre estatus de recomendación
Quezada subió a la tribuna para presentar un punto de acuerdo que se turnó a comisiones para su estudio, en el que solicita al gobernador Antonio Gali Fayad mandatar a la Secretaría General de Gobierno (SGG) a rendir un informe ante el Congreso sobre el cumplimiento de la recomendación 78/2017 que emitió la CNDH.
Entre las observaciones se encuentra realizar en diagnóstico de la operatividad del Centro Coordinador de Seguridad Pública y del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia del Estado.
Otra de las recomendaciones de la CNDH es diseñar y publicar un protocolo de actuación para casos de linchamientos, considerando la coordinación de las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública con los municipios.
Asimismo, propuso al gobierno iniciar un trabajo coordinado con el Congreso local para armonizar la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla con la Ley General de Víctimas, y se realicen las gestiones necesarias para la publicación de su Reglamento en el Periódico Oficial del Estado.