La empresa Concesiones Integrales reviró a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que sus acusaciones por violentar garantías individuales y cobros excesivos carecen de fundamento.
A través de un comunicado de prensa, la empresa que privatizó el agua en Puebla calificó como difamación los señalamientos hechos en el estudio “Protección de Ríos, Lagos y Acuífero”, al asegurar que no se refiere a un procedimiento para determinar violaciones específicas a derechos humanos en términos de Ley.
Argumentó que la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe realizarse en los términos del Título III de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos en vigor, para determinar las violaciones.
En caso de que Concesiones Integrales incurrió en dichas prácticas, dijo, se tuvo que haber levantado una denuncia, notificarles para luego emitir una resolución para erradicar las faltas por las que fueron acusados.
“El proceso concluye con una resolución de no responsabilidad o una recomendación que solo resulta vinculante si es aceptada por la autoridad. Dicho proceso legal no ha acontecido, por lo que no existe recomendación alguna de la CNDH”, refirió el comunicado.
La empresa sostuvo que el estudio presentando en marzo de 2018, que fue publicado en varios medios locales y que fue realizado por académicos de la UNAM, “no tiene como objetivo valorar la actuación de Agua de Puebla en relación a los derechos humanos”.
Además que “las apreciaciones vertidas en dicho reporte, aunque se citan referencialmente en la investigación de la UNAM, no pueden interpretarse como una resolución o recomendación de la CNDH hacia Agua de Puebla, o como una manifestación de la CNDH sobre violaciones a los derechos humanos”.
A inicio de semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que la privatización del servicio en la ciudad de Puebla viola el derecho humano al agua, mientras la población padece incrementos en el costo de las tarifas de hasta 500 por ciento.
El organismo nacional refirió de la capital poblana y algunos municipios donde se privatizó el servicio que “hay represión mediática” y se implementaron nuevos conceptos de cobro, en alusión al pago de cuotas por la instalación de medidores.
Además señaló que existe una mala distribución del agua, y falta claridad en el cobro por los servicios.
En el reporte, la CNDH admitió que la administración del servicio del agua se entregó a empresas por medio de “licitaciones opacas”, procesos en los que se excluyó la participación ciudadana.
Incluso, el organismo que preside Luis Raúl González Pérez sospecha que en la entrega de concesiones las autoridades incurrieron en actos de corrupción.
A esto se suma que en el caso de Puebla el contrato de concesión entregado a la empresa Concesiones Integrales SA de CV fue por 30 años y con la opción de ser renovado por tres décadas más.
En el último lustro, Concesiones Integrales no ha renovado la red del agua en la capital poblana, y por el contrario incrementó de manera excesiva, hasta en un 500 por ciento, las tarifas del servicio, así como la imposición del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).