Presentamos en la edición de hoy dos casos derivados de la privatización del agua en Puebla. Habitantes de Chipilo demandaron a la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la cancelación del permiso otorgado al empresario Sergio Iván Ángeles de la Llave en asociación con Construcciones y Edificaciones Viento SA de CV para perforar un pozo.
Además, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la Alianza Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco y la Red de Defensa de los Derechos Humanos denunciaron que pese a que el Poder Judicial de la Federación “ha reconocido la violación de derecho humano al líquido por parte del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco, no se ha desvirtuado el carácter mercantil que se le ha dotado por parte de las legislaciones estatales y federales”.
De alguna u otra manera ambas inconformidades tienen que ver con el aprovechamiento privado del recurso más que con la garantía de acceder a él sin ningún tipo de condicionamiento.
Es necesario que el derecho humano al agua sea garantizado con toda cabalidad y amplitud antes de proyectar los aprovechamientos para el desarrollo de proyectos inmobiliario o de cualquier índole particular, pues Puebla se ha convertido en un laboratorio para que el elemento sea un instrumento de ganancia para empresas.
Si el agua no se desprivatiza, las inconformidades sociales seguirán a la alza y escalarán a niveles insospechados.