Víctimas de la delincuencia y la inseguridad, decenas de maestros que laboran en la zona llamada “Triángulo Rojo” en el estado de Puebla, donde se concentra el mayor índice de robo de combustible a nivel nacional, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para exigir protección y cambios de zona.
Cuando parece que nada puede estar peor por el imperio del crimen organizado en varias zonas de Puebla, aparecen hechos que resultan escalofriantes.
En efecto, que los delincuentes estén atentado contra maestros y alumnos, contra los planteles, mediante el cobro de piso y la amenaza a docentes por imponer su autoridad en alumnos que trabajan como vigías o “halconcitos” para las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex) es inaceptable y evidencia el grado de deterioro y descomposición que hay en el llamado “Triángulo Rojo”.
El gobierno del estado debe abocarse cuanto antes a garantizar la seguridad de los profesores, los educandos, el personal administrativo y de intendencia que están bajo amenaza. De no hacerlo, es muy seguro que el magisterio, los alumnos y el resto de las comunidades escolares, con justificada razón, se abstengan de acudir a aulas como ya sucede en entidades del norte del país donde el narcotráfico ha sentado sus reales.
De llegar a esa situación –la de la deserción magisterial y de alumnos- en verdad que el tejido social se habrá roto y costará mucho, si es que es posible, recuperarlo.
El tema no es menor: si Puebla se encuentra en un periodo sumamente oscuro por la violencia y la inseguridad que han desplegado los huachicoleros, que el sector educativo esté bajo amenaza es evidencia irrefutable de que el combate al crimen organizado no va siendo ganado por las autoridades.