Como en varias regiones del país donde la resistencia de los pueblo originarios ha recuperado a la comunidad como el sujeto político social que construye y defiende la vida, en Ayutla de los Libres, Guerrero, se preparan para elegir por primera vez presidente municipal por el sistema normativo propio, es decir, por usos y costumbres. Para obtener ese derecho, como municipio indígena tuvieron que dar una larga batalla legal.
Iniciaron en junio de 2014, cuando diversas autoridades comunitarias presentaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) una solicitud para elegir por el mencionado sistema a su alcalde en 2015. Volvieron a presentar la petición en mayo de ese año, pero por la cercanía de las elecciones –que se realizarían el próximo 7 de julio– la solicitud les fue negada. Acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y lograron que se iniciara el proceso para realizar una consulta en la que los ciudadanos decidieron que sí estaban de acuerdo con utilizar ese sistema electoral. La consulta se realizó enn octubre de 2015.
Como era de esperarse del sistema de partidos, el procedimiento fue impugnado por el PRI, el PRD y el Partido Verde Ecologista. El 4 de febrero de 2016 el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero desechó los recursos de apelación. Los partidos volvieron a impugnar, pero finalmente en octubre de 2016 el TEPJF confirmó la validación del proceso de consulta, con lo que se estableció legalmente que en 2018, es decir este año, se realizarían las elecciones para presidente municipal por el sistema normativo propio.
En junio de 2017 se llevó a cabo otra consulta, esta vez para definir el modelo de la elección por usos y costumbres. En un intento más por mantener el control, los partidos políticos y los caciques locales intentaron que se estableciera un sistema de registro de planillas, el cual no correspondía a las costumbres tradicionales de los indígenas. La otra opción era la elección a través de asambleas comunitarias y de una asamblea municipal, y fue esta última por la que se decidió la mayoría.
A partir de entonces, los promotores de las elecciones por usos y costumbres, acompañados por personal del IEPC, han realizado asambleas informativas en todas las localidades para explicar el sistema y fortalecer la participación integral colectiva en las elecciones.
El camino ha sido difícil. Los participantes han recibido amenazas, se sabe que hay intereses en contra de estas elecciones tanto del crimen organizado, como de los partidos políticos y de las actuales autoridades municipales. La alcaldesa, Hortencia Aldaco Quintana, está presionando a los delegados y comisarios para que dejen sus cargos y sustituirlos por gente cercana a ella para manipular el proceso. Las autoridades de las comunidades mephaa, mixtecas y de las colonias mestizas denunciaron la maniobra y la han impedido.
A l a vez, se recordó que la participación de las mujeres es baja en las asambleas comunitarias y general, por lo que en estas deberá haber mayor participación para debatir y elegir a sus representantes.
Mientras, ya hay por lo menos diez municipios más de Guerrero que quieren iniciar el procedimiento legal para poder llevar a cabo las elecciones municipales por usos y costumbres en 2021.
También en Nahuatzen hace aire
La población purépecha de Nahuatzen, Michoacán, exige una consulta para que el pueblo decida si quiere seguir gobernada por partidos políticos o prefiere un proceso normativo basado en sus usos y costumbres. Pero el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) actúa en contra del sentir comunitario organizando el proceso electoral y ya difundió la convocatoria para aspirantes a candidaturas independientes para la alcaldía.
En la meseta purépecha la advertencia de los pueblos es clara: no permitirán la instalación de casillas electorales hasta que no se realice la consulta a la que tienen derecho. El Concejo Ciudadano Indígena, estructura que gobierna desde hace más de dos años el municipio sin la participación de partidos, señala que ningún partido hicieron nada por nosotros, motivo por el cual el pueblo se organizó para garantizar su seguridad frente a la embestida del crimen y posteriormente para construir su autonomía, con el ejemplo del vecino Cherán.
El gobierno estatal les ha negado su derecho a organizarse; no hay presupuesto ni para el servicio de limpia, menos para labores de seguridad, pero continúan con el trabajo comunitario y exigen que se les reconozca el derecho a gobernarse bajo sus usos y costumbres.
El IEM suspendió la consulta a los pueblos para favorecer a los partidos. La población exige respeto y que dejen de robarse el dinero que le corresponde al municipio.
Por lo pronto continua el trabajo del concejo mayor y los 15 menores de cada barrio que deciden en asamblea la organización cotidiana del municipio. Cada vez se suman más comunidades a la autonomía y juntas aseguran que mientras no se realice la consulta no permitirán que se efectúe el proceso electoral el 1o de julio.
“Los partidos políticos aquí sólo han venido a hacer daño y a dividir a la población. Por eso merecemos la oportunidad de que se realice una consulta y que la gente diga si quiere cambiar de sistema.”
En los primeros días de marzo la presión de partidos y gobierno amenaza a la comunidad, y esta redobla su preparación y resistencia.
(Con información de Margarita Warnholtz, Gloria Muñoz y periódico El Sur)
Comenzó la guerra por agua en México
La guerra por el agua ya comenzó. A la fecha existen al menos 916 conflictos sociales en todo México, generadas a partir de la disputa de las reservas hídricas entre grupos poblacionales y empresas con proyectos en a minería, la agroindustria, los hidrocarburos, la generación de energía y la urbanización.
Una de las causas de la disputa por el vital líquido es que “prevalece un modelo de gestión excluyente e insostenible que favorece a los negocios muy particulares”, debido a que se fomenta la sobreexplotación y contaminación del agua, otorgando miles de concesiones a industrias extractivas, a las que se les permite contaminar y apropiarse de pozos o afluentes.
Así se afirma en el “Informe Sobre Violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México 2017”, elaborado por 101 organizaciones civiles, comunidades y colectivos para la visita oficial a México de Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, realizado en mayo de 2017. Ahí se plasma: que las industrias de desarrollo han comenzado a despojar a comunidades enteras de su derecho al agua, lo que ha arreciado a partir de la reforma en materia energética, promovida en 2013, y sus leyes secundarias decretadas en el 2014.
Dichas reformas establecen que las actividades de exploración y explotación del subsuelo –minería, petróleo y demás hidrocarburos- tienen ahora “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo”.
Eso es lo que ha motivado a miles de empresas, principalmente del sector primario, tanto estatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), o privadas nacionales o trasnacionales, se vayan apropiando del agua, dejando en segundo plano el suministro a actividades como la agrícola, ganadera, comunitaria y habitacional.
Así, durante el 2017 se extrajeron 235.3 mil millones de metros cúbicos de agua concesionada en todo el país. Cifras de la organización CartoCrítica, indican que en comunidades originarias de las entidades Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas, se concentran casi el 75 por ciento de los conflictos generados por la disputa del líquido con compañías del sector minero.
En lo que se refiere a las cuencas hidrológicas, las que se encuentran más explotadas por este sector de desarrollo económico, son las de los ríos Balsas, Bravo, Yaqui, San Lorenzo, Colorado, Sonora, Pánuco, Asunción, Coatzacoalcos, Marabasco, Jamapa, Lerma-Chapala, Papaloapan y Coahuayana, de donde se extraen en promedio anual más de 328.4 millones de metros cúbicos de agua.
El agua que aportan las cuencas de estos afluentes para sostener la actividad minera durante un año es el equivalente al que podrían utilizar en conjunto durante casi 50 años las poblaciones actuales de las zonas urbanas de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y representa también casi el 0.07 por ciento de toda la reserva de agua dulce renovable con la que cuenta el país.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su informe sobre “Estadísticas del Agua en México 2016”, para el uso de la industria autoabastecida se destinan 634 mil 700 metros cúbicos de agua al año, mientras que para la operación de termoeléctricas se han concesionado 414 mil 900 metros cúbicos de agua por año.
Comunidades vs. Empresas
La minería es la que más agua consume para sostener su actividad, lo que ha llevado a la movilización constante de organizaciones civiles a fin de revertir la norma de distribución.
La protesta lleva a que pobladores reclamantes del agua en conflicto con la ley, como es el caso de Cuetzalan, en donde se oponen a la operación de cuatro proyectos hídricos de la CFE actualmente cuentan con orden de aprehensión por parte de la Procuraduría General de la Republica. (Además está el conflicto en la zona de los ríos Hiuitzilan y Atzalan yambien en la sierra del estado de Puebla y otro en la Sierra Negra del mismo estado con la empresa Almaden).
También en el municipio de Mazapil, en Zacatecas, un grupo de ejidatarios se encuentra bajo proceso penal desde el 2015, a causa del reclamo de devolución de 28 pozos que el corporativo Gold Corp y Fresnillo PLC se apropiaron para operar la mina Peñasquito.
Otros conflictos con la justicia surgidos por el reclamo del agua son como en el municipio de Saltillo, la empresa Aguas de Saltillo mantiene un proceso judicial en el Tribunal Agrario con sede en Monterrey, Nuevo León, a causa de que los habitantes del Ejido Jagüey de Ferniza fueron despojados de cuatro pozos, los que se privatizaron y ahora son utilizados para vender el agua al gobierno local para el suministro a la población.
Otro caso de despojo de agua, que mantiene vigente una disputa, es el que se registra en el ejido Gabriel Tepepa, municipio de Cuautla, Morelos, en donde la CFE sustrae el líquido desde los afluentes Los Sabinos y Agua Hedionda a fin de suministrar una termoeléctrica que ya opera, así como el área de pruebas de una segunda planta que entrará en operación este mismo año.
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