Al Colectivo Por una Migración sin Fronteras (CPMF) le preocupa que la posible iniciativa de reforma a la Ley de Atención y Protección de los Sujetos Migrantes y sus Familias, elimine la creación del instituto en esta materia con el argumento de que el gobierno estatal carece de recursos.
Noma Mendieta Mendieta, coordinadora del Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena (Cafami), expresó que este asunto “está atorado”, por lo que se analizan a detalle las omisiones en las que el Congreso local y el Poder Ejecutivo incurren.
El titular de la Dirección de Atención a Migrantes (DAM) declaró “por qué las organizaciones permitieron que estuvieran esos transitorios en la ley, como si eso hubiera estado en nuestras manos, fue un tema del Poder Legislativo, quien puso el candado, y que fue el Congreso el que no designó el recurso para la creación del instituto”, dijo.
Sin embargo –señaló-, el Colectivo insistió durante un año al Ejecutivo que asumiera este asunto y emprendiera las acciones correspondientes para que la ley sea operativa.
La presidencia de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso ha declarado que en cuestión de días se resolverá este caso, “en el que nos preguntamos si en este tiempo solucionarán lo que no se atendió en un año”.
Expuso que el ataque recientemente cometido en contra de migrantes en tránsito por Tlaxcala, quienes sufrieron heridas de balas, es un ejemplo muy concreto de la necesidad de aplicar el marco normativo en la materia y de contar con políticas públicas efectivas e integrales, a través del Instituto establecido en el marco jurídico.
Se desconocen los términos en los que la Consejería Jurídica del gobierno del estado elabora una iniciativa de reforma a la Ley para eliminar la creación del instituto, con el argumento de que se carece de recursos públicos, para cumplir con este ordenamiento. “Esperemos que no sea hasta ese grado”.
Comentó que en su oportunidad, las organizaciones que conforman el Colectivo externaron que es entendible la situación económica y que no demeritan otras problemáticas, por lo que propusieron la conformación de ese organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que pueda gestionar recursos, como lo hacen otros.
Se planteó que iniciara operaciones con la base asignada a la DAM, “para comenzar con algo, pero –indicó- no hubo ni hay respuesta” sobre esta legislación que entró en vigor el 1 de enero pasado, pues “no se puede decir que no hay recursos” para atender a personas sujetas de derechos humanos, y sí los hay para un estadio de futbol.