Eduardo Rivera Pérez ganó un litigio al Congreso del estado contra la inhabilitación y multa que le impuso el año, previo a su registro como candidato a la presidencia municipal de Puebla de la alianza Por Puebla al Frente del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC).
Desde que el proceso en contra del entonces ex alcalde fue emprendido por el Poder Legislativo poblano, no fue difícil adivinar en él una suerte de venganza política de parte del grupo morenovallista tendiente dejar fuera a Rivera Pérez de la lucha por el abanderamiento a gobernador, que era una postulación para la que se le veía futuro.
No se puede negar el tesón que ha demostrado Eduardo Rivera Pérez para enfrentar al aparato de Estado que se le vino encima como consecuencia de los cálculos políticos del morenovallismo.
Sin embargo, tampoco se puede obviar que esa persecución cejó justo cuando se presumió una componenda del hoy abanderado a la alcaldía de Al Frente por Puebla y el grupo político que antes quería acabar con su carrera.
Es así que no queda lugar a dudas de que la justicia y los procesos supuestamente legales que se ciernen sobre políticos y servidores públicos, tienen casi siempre la impronta de la venganza o, en su defecto, la premiación a quienes son aliados del poderoso en turno.
En todo esto la sociedad sale perdiendo pues no se sabe jamás si efectivamente hubo faltas y hasta delitos qué perseguir o se trató de simples y vulgares vendettas.