Este martes la comunidad de San Pedro Zacachimalpa se vio paralizada por un enfrentamiento entre pobladores de esa localidad y activistas de Antorcha Campesina, que derivó en la destrucción de vehículos e incluso la detonación de armas de fuego.
Cada bando argumentó que la contraparte habría cometido actos delictivos.
Lo ocurrido en esta comunidad es una expresión más de que la gente para dirimir problemas sociales o actos delictivos recurre a la práctica de hacer justicia por su propia mano, en lugar de solicitar la intervención de las autoridades. Por eso en los últimos años se observa una ola creciente –en la capital y en otros municipios vecinos– de episodios en los que, vecinos se organizan para utilizar la fuerza como solución a situaciones de conflicto y el gobierno solamente acaba interviniendo para evitar el desbordamiento de la violencia.
Esta situación tendría que estar llevando ya, con urgencia, a las autoridades de los tres niveles de gobierno a hacer una revisión del sistema penal acusatorio, de la eficiencia de los cuerpos policiacos y del funcionamiento de las dependencias encargadas de garantizar la gobernabilidad, puesto que todas estas instancias oficiales están rebasadas o simplemente no son tomadas en cuenta por la población por ser protagonistas de actos de corrupción o de abuso de autoridad.
Lo peor de toda esta situación no solamente es la falta de credibilidad que hay hacia el gobierno y las instituciones, sino que hay una opinión pública creciente que cree que la única alternativa contra la delincuencia o la descomposición social es el uso de la violencia.