Ex trabajadores y vecinos del municipio de Ixtenco reiteraron su demanda al Congreso local, de separación de funciones del alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca, mientras se esclarecen actos de violencia que supuestamente ejerció contra ciudadanos y se realiza una auditoría a las arcas.
En rueda de prensa que ofrecieron en la capital del estado, la mañana de este martes, recapitularon que el pasado 15 de enero, un grupo de pobladores decidieron permanecer en las instalaciones de la presidencia municipal, como una manera de manifestar su inconformidad por la forma de gobernar del edil (quien ese día rindió su primer informe de trabajo e impidió el paso a algunos habitantes).
Sostuvieron que la madre del edil, además de su esposa y un hermano, entre otros familiares directos, “tienen asignadas funciones específicas dentro de la administración; continuamente supervisan los trabajos en todas las áreas de la presidencia municipal, dando la impresión de ser al estilo de las monarquías absolutistas”.
Acusaron a Miguel Ángel Caballero de asignar a elementos de seguridad pública para su vigilancia personal, en forma permanente, en lugar de que esta labor sea desempeñada a favor de la población de Ixtenco, donde ha crecido la inseguridad, principalmente –citaron- el robo de autos y los asaltos a mano armada.
Agregaron que suspendió el apoyo para trasladar a enfermos crónicos y personas con capacidades diferentes, a las instituciones respectivas para que reciban atención especial y que aumentó hasta en mil por ciento el cobro por derecho de piso a vendedores ambulantes.
Remarcaron que el alcalde presuntamente ha incurrido en una serie de irregularidades desde que asumió funciones el 1 de enero de 2017, que ha ejercido violencia en contra de personas que denuncian “las anomalías”, y que ha despedido injustificadamente a personal, a partir del primer trimestre de ese año.
Este grupo de inconformes se reunirían más tarde con diputados locales para replantear su petición de suspensión del presidente, con base en el artículo 26 fracción II de la Ley Municipal por considerar que ha implementado “una política de terror”.
Apuntaron que el alcalde ha enrarecido el ambiente, además lo señalaron de tener a su servicio personal el parque vehicular del municipio y de negarse a rendir cuentas o dar una explicación al pueblo que cuestiona su gestión.