La mesa de seguimiento de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Puebla (AVG) informó que el gobierno de Puebla incumplió con la totalidad de los 11 puntos emitidos que frenaron la activación de la alerta de género, por lo que instó al mandatario Antonio Gali a trabajar de manera coordinada para cumplir a cabalidad los criterios que permitan la emisión de este mecanismo de protección.
Incluso demandó en el inicio del proceso electoral que no se utilice el tema de los feminicidios como “bandera política” y que se pronuncien por alternativas de solución reales y medibles.
La mesa está integrado por el Centro de Análisis Formación e Iniciativa Social; Comaletzin, El Taller, Centro de Sensibilización y Educación Humana, Mutradh, Mujeres Trabajando por los Derechos Humanos, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), y el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” (IDHIE), de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Las organizaciones revelaron que la autoridad solo cumplió seis de los 11 puntos recomendatorios, y para hacerlas válidas incurrieron en una serie de anomalías.
Entre ellas, destacaron, nombres repetidos en las capacitaciones a servidores públicos, anomalías que fueron admitidas por el propio gobierno estatal.
Además, se incumplió con la elaboración del diagnóstico sobre los tipos de violencia; no se garantizó el funcionamiento del Banco Estatal de Datos, tampoco hubo vínculo con las instituciones de educación superior para la prevención y detección de casos de violencia.
Incluso dijeron que el personal supuestamente capacitado salió peor evaluado después de recibir la formación en materia de derechos humanos.
En rueda de prensa, exigieron al gobierno estatal haga público los informes del supuesto cumplimiento de cada una de las 11 recomendaciones.
Asimismo, reclamaron que las autoridades destinaron únicamente 18 millones de pesos para frenar el problema que afecta al 52 por ciento de las mujeres, cuando –compararon– en la instalación de la “Estrella de Puebla” se invirtieron 400 millones de pesos.
Las declarantes sostuvieron que el gobierno de José Antonio Gali Fayad debe actuar de manera transparente y aceptar la urgencia de que se emita la declaratoria de alerta de violencia de género para Puebla.
En ese sentido, reclamaron se haga efectiva la alerta que solicitó hace unos meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Argumentaron que “lo más grave es el nulo impacto de las acciones realizadas por el gobierno del estado frente a la violencia sistemática que enfrentan las mujeres en Puebla”, por lo que acusaron que en el inicio de este 2018 la violencia feminicida no se ha erradicado.
También demandaron la creación de un grupo de trabajo serio, que atienda este fenómeno social en la entidad, debido a que no se sostiene el “nivel de cumplimiento” que acreditó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
El fiscal General del Estado, Víctor Carrancá Bourguet, reconoció un total de 77 feminicidios cometidos durante 2017 en la entidad poblana.
En un informe presentado al Congreso del estado, hace dos semanas, dijo que el organismo a su cargo cumplió con la investigación de los delitos; sin embargo, las cifras que presentó en su comparecencia revelaron que la tasa de feminicidios se triplicó en los últimos tres años.
Al final, el funcionario estatal aseveró que la mejor forma de medir la violencia extrema contra las mujeres es sumar la incidencia de feminicidios con la de homicidios dolosos de mujeres.
Pero si se aplica esta metodología también se refleja un crecimiento en la incidencia, al pasar de 1.52 casos por cada 100 mil habitantes en 2015, a 2.20 por el mismo número de habitantes en 2017.