Las reformas a la Ley de Bienestar Animal en Puebla, impulsadas por el gobernador Antonio Gali Fayad y avaladas por el Congreso local, judicializa la investigación, persigue al veterinario, y abre el camino al tráfico de especies animales en el estado.
Así lo advirtió el médico Armando Domínguez, quien encabezó este martes una jornada informativa en el zócalo de Puebla, donde exigió a las autoridades la creación de la Comisión de Arbitraje Médico Veterinario.
A nombre de instituciones educativas en Medicina Veterinaria y la Asociación de Universidades de Educación Media y Superior (AUIEMS), Domínguez se pronunció en contra de las reformas a la Ley de Bienestar Animal que excluyó a los profesionistas en la materia.
En rueda de prensa, acusó que, en pleno periodo vacacional, los diputados de Puebla aprobaron la nueva Ley de Bienestar Animal, la cual castigará el maltrato de especies hasta con 20 mil salarios mínimos, equivalentes a 1 millón 600 mil pesos.
En ese sentido, argumentó que con estas reformas se propicia que las sanciones y medidas de presión, vigilancia y castigo recaigan en quienes se dedican al bienestar animal, como son los investigadores y veterinarios.
Por esta razón, anunció la realización de una caminata que partirá de Puebla al Senado de la República, en la ciudad de México, para exigir se legisle en respeto a la medicina veterinaria, a leyes laborales y, en específico, a la Ley de Profesiones y a las garantías individuales.
“En Puebla se empezaron a generar leyes y reglamentos desde el Ayuntamiento, que por cierto tuvimos acercamiento con el alcalde Luis Banck, quien sí entendió y respondió a nuestras demandas, en el sentido que los centros de bienestar deben respetar la norma oficial mexicana que protege a la población canina”, reconoció.
Sin embargo, explicó que el gobernador José Antonio Gali Fayad excluyó a los médicos veterinarios, y de forma unilateral promulgó una Ley a la que calificó de “aberrante”.
“Somos especialistas en el bienestar animal, por eso nuestra proclama es que no estamos de acuerdo con el tráfico de especie, pero tampoco con ley que consideramos que atentan contra los veterinarios”, sostuvo.
Por ello, solicitó públicamente que el gobernador Antonio Gali los reciba. “Ya le pedimos, cuando envió la Ley, que nos haga caso y no fue posible”.
Persecución a veterinarios y sanciones onerosas a clínicas
Armando Domínguez dijo que las clínicas veterinarias afectadas están siendo producto de una persecución constante, de vigilancia y castigo, generando sanciones onerosas por arriba del millón de pesos.
Al respecto, consideró que la nueva norma es una distorsión que hizo caso omiso a sus propuestas para integrar a los médicos veterinarios a los Consejos.
Señaló que la medicina está en riesgo continuo de errores y condiciones de todo tipo que hacen producto a los pacientes de quejas, inclusive en la veterinaria.
El especialista dijo que son los estudiantes de la salud animal y las enfermedades zoonóticas, los más afectados por esta nueva norma.
“Los estudiantes están siendo producto de las persecuciones, se sienten temerosos, amenazados porque no pueden practicar con cadáveres ni efectuar necropsias, cuando es el trabajo cotidiano de los médicos”, denunció.
Asimismo, arguyó que algunas personas que promueven estas leyes, dicen que en la clínica se genera daño y dolor a las enfermedades.
Sin embargo, respondió, hay que entender que el dolor es parte de una condición fisiopatológica, incluso en los humanos; “según Celso, el primer médico de la historia, el dolor es la parte de la inflamación y el inicio de la reparación del daño, y esto va más allá de los sentimientos”.
Al final, dijo, lejos de perseguir y sancionar, la autoridad debe poner atención en el trabajo de salud animal que los veterinarios han venido efectuando en Puebla.
“Hay más de 94 enfermedades transmisibles de diversas especies animales al hombre, que las generan principalmente los perros y gatos”, informó.
Por lo que pidió a la brevedad se conforme la Comisión de Arbitraje Médico Veterinario, “porque tenemos mucho que decir, es nuestra profesión y no queremos que se judicialice”.