Este lunes, la asociación Todos para todos solicitó formalmente al Congreso del estado la creación de una Comisión Especial que investigue y de seguimiento a los hechos de represión durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, como las atrocidades cometidas en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, el encarcelamiento de luchadores sociales, casos de tortura, desaparición forzada, asesinatos y feminicidios en su mandato.
Además demandó establecer un Fondo Especial para la Reparación Integral, auditada por representantes de los auténticos movimientos sociales en Puebla.
El documento fue presentado por la ex diputada federal Violeta Lagunes, quien sostuvo que las personas que fueron objeto de esta represión fueron por atreverse a realizar cualquier crítica o protesta durante el periodo morenovallista.
En entrevista, enfatizó que no se puede olvidar las brutalidades cometidas por Rafael Moreno Valle, quien hoy busca imponer a su mujer, Martha Érika Alonso Hidalgo, como gobernadora de Puebla por Acción Nacional (PAN).
Lagunes acusó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no puede dar carpetazo al asesinato del niño José Luis Tehuatlie, de San Bernardino Chalchihuapan, cuando el gobierno del estado incumplió la totalidad de los 11 puntos de la recomendación que se emitió a la entonces gestión de Rafael Moreno Valle.
Destacó que la lista de casos por resolver es larga, como el asesinato de Meztli Omixóchitl Sarabia Reyna, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, que a siete meses de su crimen no existe una solo línea de investigación sobre autoridad estatal.
Si bien hace unos días, dijo, los compañeros de la organización “28 de Octubre” que encabeza Simitrio Sarabia lograron su libertad, la de sus hijos y de los últimos dos dirigentes sociales, “todo este tiempo estuvieron encarcelados injustamente, el propio asesinato de Meztli, constituyen un daño irreparable”.
Además sumó la muerte del líder indígena de 90 años de edad, Delfino Flores Melga, quien falleció al interior del penal de San Miguel, encarcelado injustamente por defender el derecho a la vivienda digna.
La ex panista argumentó que también están los encarcelamientos de todos y cada uno de los presos políticos en la entidad, por los que pidió “ni perdón ni olvido”.
En los hechos –sostuvo- es claro que los presos políticos y de conciencia, así como las víctimas fatales de los “crímenes de estado”, tenían en común ser miembros, dirigentes, o hijos de líderes de movimientos u organizaciones sociales.
“En Puebla, todo aquél que se atreve a protestar es llamado ‘delincuente’; ‘traficante de drogas’, ‘extorsionador’, y es reprimido, encarcelado, torturado, desaparecido o asesinado”, acusó.
Mientras reclamó que el precio a disentir se paga incluso con la propia vida, por no aceptar “la paz impuesta” por el gobierno en turno.
Al final, Violeta Lagunes exigió al gobierno del estado de Puebla presente una disculpa pública a las víctimas y familiares, así como a las comunidades afectadas por estos hechos represivos, especialmente las agresiones y atrocidades cometidas por el gobernador Rafael Moreno Valle.
El reclamo exigió también se debe extender al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano; el fiscal General del Estado, Víctor Carrancá Bourget; y el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez.