En Puebla anunciaron una nueva impugnación contra la nueva Ley de Seguridad Interior, por violentar al menos seis derechos constitucionales.
Agremiados a la Conferencia de Abogados Latinoamericanos y Observadores Fundamentales informaron que respaldará la controversia constitucional que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el gobierno de San Pedro Cholula en contra de la legislación.
Este mismo jueves, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, en la Cámara de Diputados, interpusieron una controversia constitucional contra la citada Ley.
Actualmente, Puebla es el estado a la cabeza de este movimiento que lidera el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, y que exige se declare inconstitucional la reforma por violentar la autonomía de los municipios, la separación de poderes y de derechos humanos, como a la manifestación e información.
En rueda de prensa, integrantes de la Confederación de Abogados, entre ellos José Santiago Blanco y Mario Chapital, argumentaron que la Ley está siendo utilizada para legalizar la incursión del Ejército Mexicano en el patrullaje de las calles, bajo el pretexto de combatir al crimen organizado.
Los agremiados señalaron que esta agrupación apoyará la controversia constitucional, pues coincidieron que la reforma legislativa que regula la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública violenta los derechos humanos más elementales, como es la vida.
Por lo que exigieron que los ministros de la Corte federal analicen bien el documento aprobado por el Congreso y publicado en el Diario Oficial de la Federación, porque viola al menos seis artículos de la Constitución.
Aclararon que no interpondrán una controversia porque es un juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, de los estados y órdenes de gobierno, por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Carta Magna.
En su oportunidad, Mario Chapital expuso que la Ley de Seguridad Interior está creada para combatir a sicarios y criminales en territorio nacional, pero las autoridades no analizan el daño a la ciudadanía al violentar sus garantías.
Mientras que José Santiago Blanco señaló que la nueva legislación tiene “lagunas legales” y deja oportunidad para que sea utilizada a conveniencia, como sucede en la intromisión de la autonomía de los municipios y la represión contra los movimientos sociales.
En ese sentido, recalcó que la Ley de Seguridad Interior permitirá que una marcha o manifestación sea custodiada por militares, para que supuestamente –dijo- los ciudadanos no sean violentados en sus derechos.
Ante lo expuesto, informó que están por presentar una queja ante la instancia correspondiente, que busca sumar “votos” para que la legislación sea revocada.
Por cierto, esta semana se cierra el periodo de impugnación de la Ley en mención, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).