El presidente del Congreso de Puebla, Carlos Martínez Amador, pidió usar la fuerza pública para hacer valer la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó la destitución de los integrantes del cabildo de Tlacotepec de Benito Juárez, ante la resistencia de los mismos a dejar sus cargos.
En entrevista, dijo que el presidente municipal, el síndico y los regidores tienen el derecho de buscar medios de defensa ante un fallo contrario a sus intereses, pero recordó que las determinaciones de la SCJN son inatacables, pues el orden jurídico vigente no contempla medio alguno de impugnación.
“No tienen para dónde hacerse”, destacó el legislador que además de presidir la Junta de Gobierno y Coordinación Política es coordinador de la bancada del PRD.
Garantizar la gobernabilidad, el objetivo
Carlos Martínez consideró que el tema prioritario tras el fallo del máximo tribunal de justicia de México es garantizar la gobernabilidad de ese municipio que se localiza al sureste del estado, así como proteger la hacienda pública de posibles saqueos.
Señaló que el Congreso y la Secretaría General de Gobierno (SGG) de la administración estatal estarán atentos a que la población no sufra las consecuencias del fallo.
Sobre los alcances de la sentencia, refirió: “seguirán gobernando las autoridades actuales hasta que sean notificadas, una vez que sean notificadas evidentemente se procederá (en su contra)”.
La SCJN ordenó la destitución debido a que el cabildo de Tlacotepec de Benito Juárez incurrió en desacato al cumplimiento de un amparo, relacionado con la invasión de un terreno particular para la construcción de una cancha de futbol rápido.
La Jornada de Oriente en su edición de este día explicó que el problema inició en el trienio pasado, cuando el ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, presidido entonces por Enrique Ramos Bernardino –afiliado al Partido Revolucionario Institucional– despojó de un terreno de 400 metros cuadrados a Luminisa Pérez Huerta, quien inició la defensa de su propiedad, exigiendo una indemnización de 4 millones de pesos.
La gestión de Pablo Pérez Maceda, quien asumió el poder con el respaldo de Pacto Social de Integración (PSI), fuerza política afín al ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, se negó a liquidar el terreno a la afectada, pese a que el monto establecido por la autoridad judicial se fijó en 967 mil pesos.