Sin la creación del instituto en la materia ni un techo presupuestal, el pasado 1 de enero entró en vigor la Ley de Atención y Protección de los Sujetos Migrantes y Sus Familias del Estado de Tlaxcala; mientras tanto, la Dirección de Atención a este sector opera sin reconocimiento en el marco jurídico.
Aun cuando el Presupuesto de Egresos de 2018 fue aprobado el 14 de diciembre del año pasado por diputados locales, todavía no es difundido en las páginas de internet de los Poderes Ejecutivo ni Legislativo. Sin embargo, en la iniciativa enviada por el gobierno del estado al Congreso, no contiene asignación de recursos al Instituto de Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias.
Al respecto, Norma Mendieta Mendieta, del Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena (Cafami), organización integrada al Colectivo Por una Migración sin Fronteras impulsora de esta legislación, remarcó que existe incertidumbre en torno a la forma en que esta inició vigencia.
Por tanto, se revisará y abordará uno de los puntos centrales que es el de la creación del Instituto, así como el de la elaboración del reglamento (a elaborarse en un plazo de 90 dás hábiles), en la cual el Colectivo pedirá participar y la presencia de la secretaria de Gobierno Anabel Alvarado Varela, además de académicos, a fin de encontrar la manera “de aterrizar la operatividad de esta ley” aprobada en 2016, indicó.
De corroborar que la norma ya está en vigencia sin un techo financiero, se insistirá en la iniciativa de reforma, pues recordó que por considerar que dos numerales Transitorios son inconstitucionales, ambiguos y violatorios de derechos humanos, desde el año pasado el Colectivo planteó dicha modificación.
El Primero –explicó la activista- supedita a la determinación de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) la entrada en vigor de esta ley, derivado de una declaratoria de viabilidad financiera, facultad constitucional que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, pero no al Ejecutivo.
El Segundo abroga la Ley de Protección a Migrantes y sus Familias, por lo que dejó sin marco jurídico a la Dirección de Atención a Migrantes (DAM) y derivado de ello este organismo carece de normatividad para operar, indicó
Mendieta Mendieta señaló que se revisará el estatus de la ley, a efecto de insistir en la reforma, para garantizar derechos a personas migrantes de origen y en retorno, así como a la población en tránsito por territorio estatal.
Aseveró que comparativamente con otras leyes, “esta es muy completa”. Sin embargo, en el tema presupuestal nunca hubo respuesta concreta por parte de la SPF, ya que en ese momento aún no concluía la elaboración de la iniciativa de presupuesto de egresos para el presente ejercicio fiscal.
El Colectivo revisará las partidas presupuestales y presentará una solicitud de acceso a la información al Congreso local, para corroborar si fue asignado un monto específico para la creación del Instituto o si se destinó a la DAM.
Sin embargo, remarcó que a partir de este 1 de enero la DAM ya no es reconocida legalmente, pues solamente lo era por la ley derogada, de ahí que habría una ilegalidad, por lo que agregó que este será otro de los aspectos que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo tendrán que precisar.
“Vamos a empujar la creación del Instituto, debe contar con recursos y personal; seguiremos insistiendo en eso, porque hay muchas dudas en torno a cuántos tlaxcaltecas tienen condición de migrante y el lugar exacto donde se ubican en el extranjero; el número de los que regresan y a qué problemáticas enfrentan a su retorno”. Reiteró en que es necesario un diagnóstico que sirva como base para la elaboración de políticas públicas estatales adecuadas para la atención a este segmento.