Puebla se encuentra entre los cinco estados con mayores índices de corrupción en la relación de la iniciativa privada con las autoridades, según indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que midió durante 2016 una tasa de 1.5 empresas de cada 10 que cometieron actos inadecuados en su relación con instituciones gubernamentales.
“Por entidad federativa, Quintana Roo, Tlaxcala, Morelos, estado de México, Puebla, Nayarit y la Ciudad de México fueron los estados que presentaron las mayores prevalencias de actos de corrupción en la interacción de las empresas con el gobierno, con tasas de más de mil 500 establecimientos por cada 10 mil. En cambio, los menores niveles se observaron en Querétaro, Nuevo León, Durango, Tamaulipas e Hidalgo con menos de 700 establecimientos víctimas de corrupción por cada 10 mil”, expresó el organismo en un informe dado a conocer a principios de diciembre de 2017.
De esta forma, por ejemplo una empresa en Puebla tiene 3.7 veces más probabilidades de participar en algún acto de corrupción que una empresa que solicita trámites o servicios en el gobierno de Querétaro
En 2016, la tasa de prevalencia nacional de corrupción en el sector privado fue de mil 93 “establecimientos partícipes de al menos un acto de corrupción por cada 10 mil unidades económicas que realizaron al menos un trámite o fueron sujetas a una inspección, sin incluir a las unidades económicas de tamaño micro”.
Empresas industriales, las más corruptas
El Inegi apunta en su informe que al analizar la prevalencia de corrupción por sector de las empresas se encontró que las empresas del sector industrial tuvieron la tasa de corrupción más alta con respecto a los establecimientos de los sectores de comercio y de servicios, con 755 unidades económicas víctimas de corrupción por cada 10 mil empresas.
Al comparar la prevalencia de corrupción por tamaño del establecimiento se observa que conforme aumenta el tamaño de la unidad económica la probabilidad de que una unidad económica se encuentre en una situación de corrupción es mayor. Con una tasa de mil 317 unidades víctimas de corrupción por cada 10 mil unidades económicas, los establecimientos de tamaño grande tuvieron en 2016 dos veces más probabilidad de participar en un acto de corrupción que las micro empresas, cuya tasa de prevalencia fue 534 establecimientos por cada 10 mil.
El organismo también señala que para que las empresas puedan funcionar tienen que cumplir con una serie de reglas y normas que son establecidas por el Estado con el fin de regular diversos aspectos del funcionamiento de las empresas. Entre estos se encuentran los bienes y servicios públicos que requieren las empresas para llevar a cabo sus actividades, ya sea por ejemplo la obtención de un permiso o licencia para operar, trámites para el pago de impuestos o realizar gestiones para la resolución de controversias ante una instancia judicial.
Cuando la regulación y los trámites son excesivos, no solo impacta negativamente en la competitividad de las empresas, sino también crea las condiciones para incentivar la corrupción. De los 8.3 millones de trámites, pagos y solicitudes de servicios que realizaron las empresas en México durante 2016, en 3.8 por ciento de ellos las empresas fueron víctimas de algún acto de corrupción, señaló el Inegi.
Agregó que al analizar la desagregación por la naturaleza o tema del trámite se encontró que, del total de trámites realizados ante autoridades de seguridad pública o de procuración de justicia para el inicio o seguimiento de una averiguación previa, fue donde se observaron los mayores actos de corrupción con 44.5 por ciento y 30.6 por ciento, respectivamente. Los procesos y juicios laborales y mercantilesi también presentaron altas prevalencias de corrupción con 24.9 por ciento de los trámites.
Por el contrario, los trámites relacionados con responsabilidades patronales, con temas fiscales y los concernientes a servicios públicos básicos fueron los que presentaron las menores prevalencias de corrupción, con menos de dos de cada 100 trámites en estos temas.
Bajo esta desagregación es en la interacción con las autoridades de seguridad y justicia donde se observan con mayor frecuencia actos de corrupción.
Otro aspecto de la regulación al que están sujetas las unidades económicas son las inspecciones, que están a cargo de las autoridades de diferentes dependencias federales y estatales que cuentan con facultades para vigilar el cumplimiento de la legislación y aplicar sanciones en los casos que procedan. Las inspecciones consisten en promocionar y vigilar el cumplimiento de las leyes y normas; estas pueden ser llevadas a cabo de manera presencial en los establecimientos, o bien, a través del uso de las tecnologías de la información, mediante requerimientos documentales, o evidencia respecto a las condiciones y requisitos de operación, explica el Inegi.
Entre las inspecciones que suelen realizarse están las de protección civil, que verifican la puesta en marcha de medidas de seguridad y de prevención de accidentes; las inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo, la cual verifica que las actividades laborales se efectúen bajo condiciones físicas adecuadas de seguridad e higiene; inspecciones del IMSS que corroboran la cobranza de aportaciones a la seguridad social, revisión de derechos laborales y riesgos de trabajo, y las inspecciones de medio ambiente, encargadas de verificar el adecuado manejo de los residuos peligrosos, contaminación de suelos, así como de impacto y riesgo ambiental, señala.
“Dado que el incumplimiento de la normatividad puede derivar en sanciones graves para las unidades económicas, el soborno puede ser una de las formas para evitar la imposición de sanciones. Durante 2016, en siete de cada 100 inspecciones realizadas en el país se observaron actos de corrupción. Entre ellas, las inspecciones laborales llevadas a cabo por el IMSS tuvieron la mayor prevalencia de corrupción, con 13.9 por ciento del total de inspecciones realizadas por esa institución. Enseguida se encontraron las inspecciones ejecutadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con 10 de cada 100 inspecciones. En los otros tipos de inspecciones se reportaron menos de 5 por ciento de actos de corrupción”, indica el organismo.
Agrega que, por otro lado, el medio por el cual se realizan los trámites o inspecciones importa en la ocurrencia de corrupción. Se ha demostrado que la automatización o servicios en línea para trámites, pagos de servicios o contratos gubernamentales, facilita no solo el proceso, sino que limita el contacto directo entre el personal de las oficinas públicas y quienes requieren el trámite, lo que disminuye el riesgo de corrupción.
En el estudio se aprecia que 9.7 por ciento de los trámites realizados directamente en las oficinas gubernamentales implicaron algún acto de corrupción, mientras que en las oficinas temporales o móviles la frecuencia de corrupción fue de tres de cada 100 trámites. En cambio, en menos de 1 por ciento de los trámites o pagos que se hicieron en cajeros automáticos, kioscos inteligentes o los realizados vía internet se observaron actos de corrupción.
El costo
El estudio señala que “entre las consecuencias que la corrupción trae consigo son los costos monetarios directos o indirectos que afectan a las personas y a las empresas que se ven involucradas en este tipo de actos, y a la sociedad en general. Dentro de los costos directos se encuentra el dinero que los ciudadanos y las empresas deben destinar a pagos de sobornos o para la entrega de regalos o favores que les son solicitados por los servidores públicos o intermediarios para agilizar, aprobar o evitar trámites, pagos, solicitudes o inspecciones. Los costos indirectos, por su parte, pueden ser monetarios o no monetarios, los cuales se manifiestan de diferentes formas, por ejemplo, una disminución en la inversión extranjera a causa de un entorno que dificulta la libre competencia; una mayor desigualdad en la distribución de los recursos; o en una erosión de la legitimidad y la confianza en las instituciones, entre otros.
“Pese a que es muy complejo medir todos los costos asociados a la corrupción, resulta importante tratar de aproximar su cuantificación para dimensionar el problema que representa en la sociedad. En este apartado se brinda una estimación del costo total y del costo promedio de los actos de corrupción, producto del soborno en que incurrieron la población en el año 2015 y las unidades económicas en el año 2016 al entrar en contacto con servidores públicos.
“Si bien, el impacto económico de la corrupción fue mayor en la población que en las empresas, el costo promedio del soborno por agente fue superior en las empresas que lo observado en la población. El costo promedio de un acto de corrupción fue de 2 mil 799 pesos por adulto víctima de corrupción en 2015, mientras que el costo promedio por empresa víctima de corrupción fue de 12 mil 243 pesos en 2016”.