Mientras en la capital del país ya son tres los suspirantes registrados para contender por sus partidos a la presidencia de la República el próximo año, el conflicto en Chiapas suma ya siete muertos y más de 5 mil desplazados. Según reporta Helio Henríquez para La Jornada, “El conflicto entre ambos municipios de los Altos de Chiapas, iniciado hace 45 años porque al ejecutar la correspondiente resolución presidencial la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria no respetó la colindancia natural e histórica marcada por el río, se agravó el pasado 18 de octubre cuando fue asesinado a balazos Samuel Luna, de Canalumtic, Chalchihuitán, por habitantes de Chenalhó. El 29 de octubre también fue herido a balazos Sebastián Ruiz Ruiz. (…) Desde el 14 de este mes, pobladores de Chenalhó abrieron una zanja en la carretera, a la altura de la comunidad de Las Limas, y en otros accesos para impedir el paso de los habitantes de Chalchihuitán, que tienen que usar vías alternas en malas condiciones para salir del municipio”. La región de marcada filiación tzotzil, se encuentra, como se ve, sometida a una de las consecuencias de la instalación de la vida moderna en la región mediante la municipalización del territorio de manera arbitraria, sin respetar de ninguna manera los usos y costumbres de las poblaciones. En efecto, una de esas instancias clave dentro del discurso posterior a la Revolución Mexicana, el municipio libre, está resultando ser un obstáculo para que las comunidades puedan vivir en armonía. Según varios medios, los presidentes municipales de Chalchihuitán y de Chenalhó se atribuyen mutuamente el problema, aunque hay que decir que los desplazados provienen en su mayoría del primero. Por supuesto, el flamante gobernador del Estado, el muñecón Manuel Velasco, se ha hecho el sueco y no ha recibido a una comisión que fue a solicitarle su intervención. No es la primera ocasión que los conflictos armados estallan en Chiapas producto de disputas territoriales, religiosas, identitarias o ideológicas; de hecho, desde mucho antes del levantamiento armado del 1 de enero de 1994, han sido moneda corriente los conflictos entre las comunidades o entre éstas y las autoridades, primero coloniales, y después independientes. Y pese a que la nota de La Jornada dice que el Tribunal Agrario habrá de dictar en próximas fechas una resolución sobre el particular, lo cierto es que no se trata ya de una cuestión de respetar o no los ordenamientos estatales o federales. Aquí el asunto es de identidades en conflicto.
En un capítulo del libro Identidades en Juego, Identidades en Guerra (2005), editado por el INAH y el CIESAS, Guillermo de la Peña, identifica al menos cinco modelos de identidad étnica–política: Identidad comunitaria tradicional adaptada a la negociación con actores externos; la identidad comunitaria reinventada; identidad indígena migrante; la intelectualidad indígena y, finalmente, las nuevas religiosidades étnicas. Obviamente las comunidades indígenas han vivido todos estos modelos de una manera u otra desde la llegada de los europeos, han sido desarraigados y se han tenido que adaptar a realidades siempre cambiantes. De la Peña comenta a cuento del primer modelo, el de la negociación con actores externos, que en este caso “la etnicidad continúa vinculada a la ocupación y control de un territorio (en general definido legalmente como tierra ejidal o comunal), a la vigencia de la lengua vernácula, a la participación generalizada en los rituales, a la obligación de prestar servicios y donar trabajo a la comunidad, y a la eficacia de los sistemas ancestrales de cargos y autoridades. Sin embargo, la presencia de todos estos elementos no se debe al aislamiento, ni sus formas y significados se mantienen incólumes: es menester comprenderlos como resultantes de una negociación constante con agentes políticos y fuerzas sociales que provienen de fuera”. En efecto, la negociación ha sido una constante desde tiempos de la Conquista y no necesariamente ha sido a través del diálogo, a veces los argumentos han sido acompañados por las armas.
El caso que vemos en la actualidad, es uno de esos, donde, además, las comunidades son aprovechadas por intereses oscuros que cifran en la posesión de la tierra su accionar. De la Peña detalla en este capítulo ejemplos diversos de la difícil negociación de comunidades que han de enfrentarse constantemente a autoridades, hacendados, talamontes y ganaderos, a otras comunidades vecinas, argumentando para ello, aspectos identitarios. Como comenta, para una comunidad huichol en Jalisco, la idea de constituir Comisariados de Bienes Comunales va más allá de una defensa de sus derechos agrícolas, sino que “la asamblea rehúsa definirse sólo como una instancia agraria y en cambio lo hace como la expresión de una comunidad indígena que es parte integrante de la nación y asume derechos como tal frente al Estado”. Entran al escenario las autoridades civiles constituidas por vías electorales, como las presidencias municipales y regidurías e intervienen los partidos políticos y sus motivaciones estatales y nacionales, de manera que el muladar alcanzará proporciones graves como ya ha ocurrido en el pasado. Discursos irán y vendrán y los candidatos se montarán para bien o mal del conflicto; sin embargo, no habrá solución y los muertos se seguirán apilando en esta dantesca realidad en la que se ha convertido México.