La obra del gasoducto Morelos habría sufrido fracturas interiores después del terremoto del pasado 19 de septiembre y las réplicas posteriores, lo cual podría generar una catástrofe si las autoridades federales deciden poner en marcha el proyecto que circunda las faldas del volcán Popocatépetl.
Por esta razón la defensa legal de los pueblos del valle de Atlixco presentó un recurso de revisión adhesiva para que se efectúe una inspección a la infraestructura, y también impugnó el intento de efectuar una consulta ciudadana por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la instalación del gasoducto, según informó la abogada Patricia Montaño, quien destacó a La Jornada de Oriente que actualmente se encuentra suspendida temporalmente la operatividad del proyecto que se avaló en el sexenio de Rafael Moreno Valle gracias a un amparo ganado el pasado abril, el cual sienta precedente en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
En 2015 el propio director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, confirmó en una gira por el municipio de Tehuacán que el gasoducto quedó concluido “gracias a la ayuda del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, pese al retraso de dos años”.
En una entrevista, la abogada Patricia Montaño destacó que en la revisión adhesiva que interpusieron ante los juzgados federales se cuestiona el hecho de que posteriormente al sismo se han detectado zonas de derrumbes en donde está instalado el gasoducto que atraviesa las tres entidades en mención.
“Las poblaciones tienen la incertidumbre de que posiblemente el gasoducto se encuentre dañado; por las impugnaciones el proyecto se encuentra parado y aún no traslada gas, sino hubiera ocurrido una catástrofe”, advirtió.
Patricia Montaño expuso que la traza del gasoducto no solo fue dañada por el sismo del 19 de septiembre, sino por las réplicas posteriores que surtieron un efecto importante en la obra.
“Se les hizo saber a los magistrados que existen fracturas interiores en el gasoducto que no son perceptibles y por lo tanto están obligados a efectuar una revisión total a la infraestructura”, informó.
En 2014 los pueblos afectados que interpusieron el juicio de garantías número 402/2015 contra la obra que ejecutó la Comisión Federal de Electricidad fueron San Jerónimo Calera, Santa Lucía Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec y San José El Recreo.
Sobre el caso, la abogada Patricia Montaño explicó que presentó un recurso de revisión adhesiva hace dos semanas, donde se cuestiona por qué el juez intenta imponer la realización de una consulta ciudadana, cuando ya no es previa al proyecto.
“Primero instalaron de manera violenta el proyecto y después quieren consultar, y eso es lo que estamos impugnando”, reclamó.
La litigante arguyó que el juez solamente estudió las formalidades del procedimiento pero no en el fondo del asunto, que son cuestiones técnicas en materia de geología, y la prevención de riesgo del mismo.
La declarante informó que el Tribunal tendrá que resolver el recurso de revisión adhesiva y el Primer Tribunal Colegio en Materia Administrativa, la impugnación de la consulta ciudadana.
En ese sentido precisó que la impugnación se presentó el pasado 24 de noviembre y el resolutivo tendrá que darse en los próximos 90 días hábiles, como marca la ley, es decir, dentro de cuatro meses.
Refirió que el proyecto del gasoducto que inició en 2011 está frenado en las comunidades amparadas del valle de Atlixco.
Montaño indicó que el amparo se inició en 2014, pero esa ocasión el Tribunal no concedió la suspensión provisional hasta la sentencia de abril de 2017.
Recordó que fue el juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla el que otorgó la protección a cuatro pueblos de origen nahua del municipio de Atlixco y ordenó a las autoridades realizar una consulta indígena objetiva e informada sobre la construcción del gasoducto Morelos en las faldas de volcán Popocatépetl.
Al respecto, informó que la CFE pretende efectuar la consulta ciudadana en las más de 60 comunidades que se encuentran sobre la traza del gasoducto.
Montaño informó que el proceso legal fue largo y la justicia a favor de los pueblos llegó dos años y cinco meses después de presentar el amparo.
“Se necesita fe, esperanza y paciencia para que la justicia en México dé una señal de que está viva. El proceso comenzó a desahogar pruebas periciales un año después, en agosto de 2016, para que hasta ahora se diera el fallo del juez a finales de abril”, expuso.
Reveló que esta tardanza se debió a que se efectuaron al menos ocho pruebas periciales, que robustecieron el fallo que tomó el juez de distrito.
Entre ellas citó las pruebas de Geofísica, Protección Civil, Antropología e Impacto Ambiental, además de la información técnica que proporcionó el Centro Universitario para la Prevención de Desastres (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla.
Enfatizó que dichas pruebas evaluaron el doble riesgo de los pueblos que cercan el volcán. Primero la posible erupción del Popocatépetl, y en segundo término la explosión del gasoducto.
Patricia Montaño explicó que el juez se fundamentó en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el principio “pro homine” o “pro persona”, que consiste en que cualquier autoridad debe interpretar la norma en el sentido que más favorezca a las comunidades.
Por ello, dijo que la norma que utiliza el juez de Distrito no fue si quiera de la Constitución, sino el Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acerca de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
“El juez considera que las cuatro comunidades de origen nahua y, por lo tanto, las autoridades antes de iniciar el procedimiento para la construcción del gasoducto tenían que haber realizado una consulta indígena a la población, cosa que no sucedió”, refirió.
Por el contrario, la abogada concluyó que la autoridad impuso el proyecto en un contexto de violencia y usó la fuerza pública de manera desmesurada contra los pueblos opositores al gasoducto.