El 28 de noviembre pasado se cumplieron 106 años de la firma y promulgación del Plan de Ayala, conmemoración que tuvo lugar en el poblado de Ayoxuxtla de Zapata, Puebla, cuna del plan libertador formulado para acabar con la tiranía que oprimía a los pobres y redimir a la patria de las dictaduras impuestas para lograr la prosperidad y el bienestar de la patria.
El Plan de Ayala fue una proclama política del general Emiliano Zapata, donde se llamaba a las armas para restituir la propiedad de las tierras, los montes y aguas a los pueblos. El postulado 5 del Plan, dice: “La nación está cansada de hombres falaces y traidores que hacen promesas como libertadores, pero que, al llegar al poder, se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos”.
Hoy, a 106 años de la promulgación del Plan de Ayala, el reclamo zapatista sigue vivo, el país atraviesa por una grave situación, especialmente en el sector rural donde predominan la sobreexplotación, la pobreza, la desnutrición, el rezago educativo, la vivienda precaria y se carece de atención a la salud y los servicios comunitarios son inexistentes. Además, la violación a los derechos humanos es sistemática y cotidiana y, en la mayor parte de los casos, queda impune, a lo que se suma el desamparo económico y social de las familias indígenas y campesinas, sectores en los que se acentúa el desempleo y la miseria.
En México, los campesinos, los indígenas, las mujeres, los jóvenes y los jornaleros, han sido invisibilizados por el poder, no son parte del proyecto nacional. Se les ha desvalorizado en lo económico, social, político y cultural. No se les reconoce sujetos de derecho ni calidad de sujetos productivos. Los llamados científicos del porfiriato son los actuales tecnócratas neoliberales, que señalan a campesinos y jornaleros como improductivos, atrasados, ignorantes y flojos. Se les clasifica como “voto verde” objeto del acarreo y de compraventa de sufragios, se les desprecia por pobres e inviables como sujetos históricos, con lo que se les cancela toda opción de futuro digno.
Los pueblos sufren el acoso de burócratas gubernamentales que aplican las políticas dirigidas a destruir la propiedad social y los despojan de sus tierras, aguas, bosques, minerales, playas, semillas, biodiversidad, conocimientos tradicionales, bellezas naturales y centros ceremoniales, acaparados de nueva cuenta por hacendados bajo la figura de agroempresarios y clústeres, con megaproyectos público–privados depredadores de la naturaleza y el tejido social comunitario. Hoy 40 por ciento del territorio nacional ha sido concesionado a compañías mineras nacionales y extranjeras. Predomina la especulación inmobiliaria y turística. Con el Procede como programa anti–agrarista y la reforma del artículo 27, se ha privatizado 40 por ciento de tierras del sector social.
El campo, los campesinos, los indígenas y pueblos originarios deben ser considerados una prioridad en la agenda nacional y un asunto de seguridad nacional y humana. Ser reconocidos y restituida su dignidad y sus derechos, pues son los guardianes de la tierra, el agua, la cultura y la biodiversidad. Rescatar el campo es rescatar la nación y la patria.