Esta semana inició el reparto de la ayuda económica para las familias que perdieron sus casas por el sismo del pasado 19 de septiembre y a la par ya se desató una posible estrategia para saquear esos fondos, que implicaría para algunos servidores públicos obtener “moches” del 25 por ciento en la reconstrucción de cada casa que entre a un sistema que se ofrece para que a los afectados les edifiquen sus viviendas sin preocuparse de nada y sin intervenir en las obras.
Todo empezó la semana pasada, cuando se desató una invasión de compañías constructoras en las poblaciones en donde abundan casas dañadas en su totalidad o de manera parcial, pero con un alto grado de severidad. Los representantes de esas empresas se hicieron acompañar de supuestos funcionarios de los gobiernos federal y/o estatal.
Para que no hubiera la duda, esos presuntos servidores públicos vestían los chalecos que caracterizan a los funcionarios gubernamentales, además de portar gafetes que son idénticos a los oficiales. Por eso, quienes hablaron con ellos no dudaron en considerar que si eran enviados reales de dependencias de gobierno.
Constructores y funcionarios públicos utilizaron los micrófonos –que siempre existen en las plazas públicas de los pueblos, en la casa de los mayordomos o en los principales templos religiosos– para particularmente llamar a congregarse a los pobladores que, de acuerdo a los registros oficiales, tienen reporte de daño total en sus viviendas y por lo mismo, han ganado el derecho a que se reconstruyan sus casas en su totalidad.
“Las cosas van a ser así”, es la frase que más se escuchó de esos “enviados”, que para captar la atención, el interés, el entusiasmo de la gente, les dieron a conocer que si aceptaban los que les iban a ofrecer, podrían obtener 44 mil pesos adicionales al monto de dinero que les ha empezado a entregar los gobiernos federal y estatal para la reconstrucción de viviendas.
La condición para recibir ese dinero adicional, les dijeron hasta el cansancio a los damnificados, es que firmen una carta de compromisos, que quienes lograron leer el contenido de esos documentos y entienden de asuntos legales se percataron que en realidad son contratos para pactar la construcción de casas.
Palabras más, palabras menos, esos promotores de dichos contratos ofrecieron lo siguiente:
“Estas son las casas prototipo que les podemos construir. Una vez que firmen, ustedes no tienen que hacer nada, solo esperar a que se les construya la casa”.
Dicha relación, les detallaron, acaba cuando tengan la “llave en mano”, que en el lenguaje de los constructores significa dar por finalizado el contrato de edificar un inmueble.
La promesa completa es que las casas estarán terminadas en marzo de 2018 y tendrán 46 metros cuadrados de construcción.
“Ustedes no tienen que preocuparse de nada; ustedes no van a hacer nada”, fue la frase que más peso tenía en el discurso de los representantes de las empresas y los supuestos funcionarios públicos, quienes detallaban que ese sistema accesible, sencillo, para volver a tener una casa en pie luego de los sismos del pasado 19 de septiembre, se reduce a cumplir con los siguientes pasos:
Los damnificados les tienen que dar a “los enviados” las tarjetas de Bansefi –uno de los bancos de fomento del ahorro del Poder Ejecutivo federal– que se dispusieron para transferir dinero y materiales de construcción a las familias que perdieron sus viviendas por el movimiento telúrico de hace un par de meses.
Los plásticos, obvio, tienen que ir acompañados por las nips –es decir las claves– que son indispensables para disponer de los recursos entregados a las familias que se encuentran en los padrones que elaboró personal de Sedatu, la dependencia que a nivel nacional dirige la ex perredista Rosario Robles Berlanga.
De paso, les dicen que también deben entregar –temporalmente– sus credenciales de elector, algo muy particular si se toma en cuanta que ya está en marcha la contienda por la presidencia de la República y la renovación de la gubernatura del estado.
¿Por qué se debe considerar que dicho esquema son visos de un saqueo de los fondos destinados para la reconstrucción? Hay cuatro factores claves:
Primero: se rompe con el esquema de autoconstrucción que planteó originalmente el gobierno federal, el cual establecía que al no permitirse la intervención de empresas privadas, los damnificados podían optimizar el dinero y los materiales de construcción, que desde este fin de semana les empezaron a repartir por la vía de las tarjetas de Bansefi.
Segundo: ha trascendido que, funcionarios públicos, estarían permitiendo la entrada de dichas empresas constructoras a cambio de “moches” –es decir sobornos– del 25 por ciento del total de los 164 mil pesos que se están entregando a cada una de las familias afectadas por el sismo y que tuvieron pérdida total de sus moradas.
Tercero: se sabe que las constructoras le apuestan a obtener una ganancia del 25 por ciento por cada casa.
Cuarto: si se toma en cuenta el “moche” del 25 por ciento y la ganancia del 25 por ciento, entonces nos arroja que en términos reales a cada afectado por el sismo –que acepte los contratos antes mencionados– le van a acabar construyendo una casa a un valor que equivaldrá en realidad a la mitad del dinero y el material que le van a entregar. Dicho de otra manera, las obras tendrán un valor efectivo de unos 70 u 80 mil pesos.
La conjunción de los cuatro factores antes citados, hacen advertir que se acabarán construyendo casas peores a las que se cayeron por el temblor, desde el punto de vista de estructuras y arquitectónicamente. Es decir, se trata de un engaño, de un falso sistema de hacer eficiente el proceso de reconstrucción.
Una parte muy importante es saber: ¿los funcionarios públicos que están acompañando a los constructores de que instancia son: del gobierno federal o del estado de Puebla?
¿En Casa Puebla saben de este abuso o en la cúpula de la Sedatu?, ¿esta situación no va a provocar un enfrentamiento entre ambas partes?
¿O qué acaso ya se pusieron de acuerdo un gobierno del PRI y uno de los PAN, para lucrar con la pobreza y la tragedia de los damnificados del sismo?
Lo único que por ahora queda claro, es que no funcionaron los supuestos sistemas para evitar abusos y actos de corrupción contra las familias que perdieron sus casas por el sismo del pasado 19 de septiembre.