Contratos como los que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas suscribió con la empresa Evercore, deben abundar en el país, pues se utilizan para ocultar el ilegal uso de los recursos públicos para beneficiar los intereses particulares de funcionarios gubernamentales.
Lo que permite esta impunidad y cínico manejo del erario no es otra cosa que la opacidad con la que esas transacciones se amparan, lo cual evidencia la obsolescencia, por no decir la inutilidad de origen, de las leyes de transparencia y andamiajes jurídicos similares que se encuentran vigentes.
En efecto, para la amplia mayoría de los mexicanos el uso de los recursos que se generan a partir de sus impuestos es, por lo menos, inentendible, porque la burocracia y el aparato oficial se han encargado precisamente de complicar hasta donde se puede el manejo del dinero público, para así hacer lo que quieran con él.
Por eso se hace necesario no solo que la administración del dinero público se haga transparente sino que los métodos, fórmulas y criterios que lo norman sean sencillos, de entendimiento común, pues al fin y al cabo se trata de un presupuesto que se integra con las aportaciones obligatorias de todos los ciudadanos y deben ser éstos los primeros en saber cuál es su destino.
En el caso poblano, la transparencia se hace imprescindible, porque los recursos entregados a Evercore suponen una sangría para el presupuesto local que compromete al menos dinero para los próximos 50 años.