El pasado 26 de octubre, cinco rectores de universidades públicas (Michoacán, Nayarit, Morelos, Oaxaca y Zacatecas), publicaron un desplegado dirigido al presidente de la República donde advierten su imposibilidad de cubrir la nómina de unos 26 mil trabajadores universitarios de esas instituciones, que atienden a más de 180 estudiantes. En el mismo desplegado, denuncian que se les informó a los rectores que la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, rechazó apoyar el programa de saneamiento financiero elaborado entre las cinco instituciones y la subsecretaria de Educación Superior.
Ciertamente, estas universidades públicas no son las únicas con dificultades financieras, pero si son en las que se han agudizado los problemas ocasionados por los recortes al gasto público; de esta manera, las universidades públicas se ven limitadas para cumplir con sus tareas de docencia, investigación y extensión, cuya trascendencia social es reconocida e indiscutible.
La política restrictiva del gasto aplicada por el gobierno federal, afecta al gasto social en educación, salud y el bienestar; a cambio, se incrementa el gasto militar. Según el Banco Mundial, el gasto militar en México –que comprende toda la operación, salarios y armamento de las Fuerzas Armadas–, es superior a los recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, enviado por el Ejecutivo a los diputados, se propone un incremento de recursos para la Secretaría de la Defensa Nacional de 11.9 por ciento y para la Marina de 14.1 por ciento; en cambio, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encargado de la política de desarrollo científico y tecnológico del país, tendrá una disminución de recursos del orden de 4.9 por ciento, respecto de 2017 y el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación recibirá un aumento marginal de 0.3 por ciento.
Pero la crisis de las universidades públicas, provocada por el gobierno, tiene como propósito privatizarlas, haciendo que sus actividades se orienten a la búsqueda de recursos aumentando las cuotas a los estudiantes, alquilando los espacios universitarios para actividades ajenas al quehacer académico, hasta poner el talento científico al servicio de las empresas privadas que, así, eluden a quienes ejercen su profesión, adquirida en las universidades públicas, prestando servicios de consultoría al sector privado que ahora acude a las universidades para resolver sus problemas de producción o administración. Estas son algunas de las posibles fuentes de recursos a que la política gubernamental obliga a las universidades públicas, que pronto dejarán de llamar rector al Ejecutivo de las instituciones, para llamarlo gerente general y su “éxito” se mediará por el monto de recursos proveniente de fuentes privadas y de la vinculación, entre más estrecha más aplaudida, con el sector privado, que también, quizá en un futuro cercano, sus miembros pasen a formar parte de los consejos universitarios y se integren a la Comisión de Auscultación para decidir sobre la idoneidad de quienes aspiren al cargo de gerente general de lo que eran nuestras instituciones.