El doctor en Derecho, Silvino Vergara, autor del libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha, criticó las reformas al Sistema de Administración Tributaria porque en los hechos elimina el principio de presunción de inocencia de los contribuyentes.
Entrevistado antes de la presentación de su nueva obra, el abogado aseveró que en materia fiscal, “no hay un sustento todos los cambios legislativos que hay”.
Y en seguida, se refirió al libro: “El primer capítulo de éste trabajo trata de justificar éste derecho fiscal de la sospecha y atiende precisamente a que hoy el problema es que se ha cambiado la visión del Derecho Fiscal, ya no es un Derecho Fiscal recaudador, si no que es un derecho fiscal de vigilancia, por lo tanto ese derecho fiscal de vigilancia, pues trata a los contribuyentes como presuntos culpables, presuntos infractores, presuntos delincuentes y el problema es que le corresponde la carga de la prueba al particular. Los criterios de la Corte dicen que en materia penal la presunción de inocencia es para la materia penal y la presunción de inocencia para la materia fiscal pues eso no es aplicable, no. Aquí se está contraviniendo la presunción de inocencia, es decir, (existe) la presunción de inocencia mejor para un delincuente, con todo respeto, que para un contribuyente de a pie, entonces como que eso no tiene no tiene coherencia esa situación”.
–¿Nos podría dar un ejemplo de esa situación doctor? –se le pidió.
–Por ejemplo, un depósito en una cuenta bancaria. Como la autoridad presume que es un ingreso que no pagó impuesto y el que tiene que acreditar qué se pagó, que no se pagó, es el contribuyente el que tiene que demostrar que cumplió con la obligación, es el contribuyente. En la ley antilavado sucede exactamente lo mismo, pues el particular tiene que hacerla como de inspector sobre su cliente y entonces el proveedor que es obligado –una agencia de autos, un notario, un joyero–, pues tiene que informar sobre esa situación, entonces el tema es que la carga administrativa le va a corresponder al particular, y no a la autoridad.
–¿Hay alguna manera de que los particulares puedan defenderse de éstas reformas?
–Bueno, en primer lugar, la manera es darle mayor matiz democrático a las disposiciones legales, que yo creo que es una parte importante, es decir, que tengamos mucha más participación desde una instancia política para todas estas manifestaciones, que después tengamos un sustento constitucional, a razón de que se aplique el principio de legalidad, el respeto de la división de poderes. No hay, desafortunadamente, el principio de legalidad, está pasando a segundo término. Y en lo que se refiere a la división de poderes, con todo respeto, un poder hace una cosa y el otro poder hace lo que quiere.