El juez Tercero de Distrito de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales, determinó este lunes en el expediente 553/2017 negar el amparo y protección de la justicia al ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.
El argumento de la autoridad judicial fue que en la demanda de amparo que el ex presidente capitalino interpuso en contra de actos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por la revisión de su cuenta pública de 2013, no logró solventar las observaciones realizadas por dicho organismo.
Por esta razón, el Congreso del estado de Puebla determinó inhabilitar al panista por 12 años, e imponerle una sanción económica por aproximadamente 25 millones de pesos.
Al respecto, Rivera Pérez respondió que dicho procedimiento de auditoría violentó sus derechos constitucionales.
Incluso acusó que esto quedó desvirtuado por la autoridad judicial federal en su resolución de esta fecha, lo que implica que el procedimiento cumplió con todas sus formalidades de ley.
De acuerdo con el portal de internet de la Dirección General de Estadística Judicial, el acto reclamado fue “omisión de dictar resolución final a procedimiento de responsabilidades”.
De fondo esto significa que Eduardo Rivera podría quedar fuera de la contienda electoral para 2018, en la que buscaría ser gobernador del estado de Puebla.
En los últimos seis meses, el ex edil ha denunciado que detrás de las acciones del Congreso en su contra está el ex gobernador y compañero de partido, Rafael Moreno Valle Rosas, para impedirle su registro como aspirante a la gubernatura por no formar parte de su grupo político.
Eduardo Rivera es considerado en la pugna por la renovación del Poder Ejecutivo, aunque el panista ha asegurado que todavía no define el cargo de elección popular por el que contenderá.
Eduardo Rivera inició la batalla jurídica contra el Poder Legislativo en marzo pasado a través de un juicio de amparo en el que denunció tácticas dilatorias del Congreso en la revisión de su cuenta pública de hace cuatro años.
Una vez que se confirmaron las sanciones, la inhabilitación y una multa de 25 millones de pesos, inició un segundo litigio al asegurar que son infundadas las imputaciones en su contra.