En solo cuatro meses, el Congreso de la Unión proceso 34 puntos de acuerdo que denunciaron actos de corrupción y represión del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, así como los problemas que inseguridad que heredó a Puebla con el incremento del robo de hidrocarburos, de acuerdo con el informe de la comisión que dictaminó los proyectos.
Entre los hechos que ameritaron exhortos del Poder Legislativo se encontró el asalto a una familia en la autopista México–Puebla en el que murió un menor de edad, el asesinato de la integrante de la 28 de Octubre Meztli Sarabia Reyna y la ejecución extrajudicial cometida por integrantes del Ejército en un operativo contra huachicoleros en el municipio de Quecholac.
Otro de los temas que concentró el debate parlamentario fue la ejecución de obra pública durante el sexenio de Moreno Valle, comprendido entre el 1 de febrero de 2011 y el 31 de enero de 2017, para la cual solicitaron múltiples auditorias ante una posible malversación en la construcción del Museo Internacional Barraco y las ciclopistas, así como en la remodelación del estadio Cuauhtémoc y diversos hospitales.
Del total de puntos de acuerdo, solo seis no fueron avalados por el pleno, aunque cinco de estos sí se encuentran dictaminados como factibles para ser aprobados.
El informe lo elaboró la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia que presidió la senadora Graciela Ortiz González y que funcionó durante el periodo de receso del 27 de abril al 31 de agosto pasado.
Congreso se queda corto en el caso de Palmarito
El escándalo que obligó la intervención de un mayor número de legisladores fueron los hechos violentos que se registraron en torno al robo de hidrocarburos en la zona conocida como la “franja del huachicol”, principalmente el operativo del ejército en la comunidad de Palmarito Tochapan, Quecholac, del 3 de mayo pasado.
Una cámara de vigilancia instalada en una propiedad privada captó el momento en el que un militar dispara en la cabeza a un civil que se encontraba tendido en el piso.
Diputados y senadores presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 16 puntos de acuerdo en los que exigieron el esclarecimiento de los hechos, así como sanciones a los responsables de ese caso de abuso en el uso de la fuerza pública.
Aunque el senador del PT–Morena Luis Miguel Barbosa Huerta demandó la conformación de una comisión bicamaral para investigar los hechos, la Comisión Permanente sólo pidió a la Procuraduría General de la República “continuar con las investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Palmarito Tochapan”.
Asimismo, exhortó “a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas a continuar implementando acciones coordinadas y tendientes a prevenir, combatir y erradicar la sustracción ilegal de gasolina y de diesel de los ductos de Petróleos Mexicanos”.