El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Alberto Amaro Corona aseguró que el Congreso local está blindado ante presiones políticas, sociales o económicas para concluir con la dictaminación de cuentas públicas del último trimestre de 2016, por lo que reiteró que los últimos estados financieros del panista Francisco Román Sánchez, en la administración de Zacatelco, “vienen reprobados”.
A un día de que concluya el plazo legal que tienen los legisladores para aprobar los estados financieros del último trimestre de 2016, el perredista enfatizó que “no hay ni habrá ninguna negociación. Tampoco va a hacer con presión social, presión política o con dinero como se aprueban las cuentas públicas y así hagan lo que hagan varios ex presidentes municipales que andan haciendo comparativos y dicen si esa gestión fue más mala que la mía, no se cambiará, reprobamos de acuerdo con el dictamen”, sentenció.
Amaro Corona confirmó que al menos tres ex alcaldes registran problemas financieros, entre ellos citó el caso de Francisco Román Sánchez, ex presidente municipal de Zacatelco, aunque no descartó la misma condición en los casos de Apetatitlán con Valentín Gutiérrez Hernández, Contla con Flimenón Acoltzi Nava y Lilia Caritina Olvera Coronel de Nanacamilpa.
“Mañana tenemos que concluir, nos faltan 15 entes del gobierno del estado y tres municipios donde algunos vienen aprobados y otros en sentido reprobado. Va a pasar quien tenga sustento de pasar su cuenta pública y va a reprobar quien haya hecho fechorías. No se va a poner en tela de juicio el dictamen, la pregunta es quién apruebe o repruebe, de lo contrario vamos a instaurar ese principio que robo, pero poquito”, expuso.
Respecto a la cuenta pública del último trimestre de 2016 del ayuntamiento de Apizaco, que encabezó el panista Jorge Luis Vázquez Rodríguez y ahora funcionario estatal, y que fue avalada por el pleno a pesar de las irregularidades millonarias que dejó, sostuvo que dicha validación no exime de responsabilidad administrativa ni penal a dicho personaje público.
Por ello, advirtió que estará al pendiente de que el ahora secretario de Desarrollo Económico subsane el daño patrimonial que le fue detectado y que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) presente las denuncias correspondientes.
“En el caso de Apizaco, lo señalé porque en ningún momento estuve de acuerdo con el dictamen en sentido aprobado. Ya puse el dedo sobre el renglón y voy a darle seguimiento en el sentido de pedirle a la auditora (Isabel Maldonado Textle) que mandate resarcir el daño de lo que ya mencionamos y si no en su momento que se presente la denuncia”.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, artículo 25, la dictaminación deberá efectuarse a más tardar el 31 de agosto posterior al ejercicio fiscalizado.