El titular de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, afirmó que la Comisión de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado se encuentra apegada a la ley, pues su integración y la elección de sus representantes gremiales cumplió con los criterios establecidos en el protocolo federal.
El responsable de la política interior en la entidad añadió que la normatividad indica que debe ser el gobierno el que presida el organismo, en el entendido de que es la autoridad facultada para conocer e investigar de delitos.
“El área responsable, porque es el área que tiene que resolver es el gobierno, son las dependencias gubernamentales, no veo yo ningún problema de opacidad, ni mucho menos es un tema de popularidad”, apuntó.
Sobre el cuestionamiento de que al menos los representantes de los periodistas, no fueron elegidos o consensuados con las organizaciones de periodistas locales, Carrasco Altamirano dijo: “No es una sociedad (o) una organización para crear consensos, se trata de atender y de prevenir el delito con defensores de derechos humanos y periodistas”.
De esta manera, el secretario General de Gobierno respondió a Artículo 19, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), ForreporterosMx, la Red Libre de Periodismo, el Nodo de Transparencia y otras organizaciones defensoras de los derechos de libertad de expresión y periodismo, dieron a conocer el jueves un posicionamiento cuestionando la integración de la Comisión para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por no haber realizado la consulta obligada por el protocolo establecido a nivel federal, para elegir a los representantes del medio.
“No sabemos cómo se decidió, qué personas van a participar y en calidad de qué, cómo y por qué fueron elegidas, a partir de cuándo comenzará a operar, con qué recursos materiales y humanos va a operar”, se establece en el pronunciamiento, que también están rubricado por más de media centena de reporteros, fotoperiodistas, editores y directores de medios de Puebla y otras entidades federativas.
Los firmantes acusan que en la conformación de la Comisión no hubo consulta a periodistas y defensores de derechos humanos acerca de las necesidades específicas de protección.