El Congreso del estado buscará frenar posibles excesos e ilegalidades en los 60 ayuntamientos de la entidad por la contratación de familiares de autoridades emanadas de elección popular, así como en los altos salarios asignados a los munícipes.
El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la LXII Legislatura local, José Martín Rivera Barrios sostuvo que no tolerarán ninguna ilegalidad al respecto ni excesos, pero antes de proceder, dijo, deberán conocer la situación de cada uno de los ayuntamientos que registren anomalías, lo cual ocurrirá a partir de la información del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
“Tengo conocimiento que el OFS estará practicando auditoría en lo que es el capítulo 1000, donde se revisarán temas que inquietan a la gente como son los casos de nepotismo y esa parte de los salarios altos y que hay ciertas inconformidades y dependiendo de la anomalía que se detecte se procederá, por ejemplo, en el caso de nepotismo se tendrá que remover del cargo a la persona que incurra en nepotismo”, apuntó el ex edil de Terrenate.
Explicó que por el momento el Poder Legislativo analiza la situación del municipio de Papalotla, toda vez que vecinos del lugar acusan a los integrantes del ayuntamiento de percibir altos salarios, algunos excesos y exigen la destitución del secretario de esa Comuna.
En los casos de Chiautempan y Contla, que también enfrenta señalamientos, Rivera Barrios dijo que aún no le ha sido turnado ningún documento.
“De lo que es Chiautempan, de manera oficial, no hemos tenido nada de manera formal y solo escuchamos a través de los medios y ciudadanos, pero de manera formal no hemos tenido ningún documento que muestre alguna inconformidad en esa parte de los salarios”, dijo.
En el caso de Contla también negó que exista un proceso como tal, a pesar de que desde el pasado 1 de agosto un grupo de pobladores del municipio de la segunda demarcación solicitó al Congreso local integre una comisión especial de diputados y aplique una auditoría a la gestión del edil Miguel Muñoz Reyes, a quien señalan de presuntamente incurrir en actos de nepotismo.
El OFS dará datos al Congreso de esos posibles excesos para actuar
En el oficio entregado al Congreso local también exigieron que se reduzca en 50 por ciento el salario que percibe el alcalde, que es de 49 mil 788 pesos mensuales; la síndico de 39 mil 136 pesos, el secretario del ayuntamiento de 25 mil 721 pesos y el tesorero de 23 mil 737 pesos.
Sin embargo, el diputado de extracción priista reconoció que en caso de detectar que los integrantes de los ayuntamientos perciben altos salarios, solo podrán hacer un llamado para que se apeguen “a la racionalidad y disciplina presupuestal”, ya que el salario de los funcionarios municipales no está regulado.