La postura arrodillada del gobierno de Enrique Peña Nieto y sus secretarios es evidente al plegarse sin vergüenza al intervencionismo del gobierno estadunidense en contra de la República Bolivariana de Venezuela.
Peña sigue la tendencia entreguista de los gobiernos de Mexico desde los años noventa del siglo xx. Los vínculos con el capitalismo yanqui y su poder político militar muestran el desinterés de los de arriba por la defensa de la soberanía nacional, menos aún por la soberanía de pueblo, su historia y su territorio.
Los gobiernos priistas y panistas, pero también los que han mantenido otros partidos en las entidades, se han sometido a la política que en las tres últimas décadas agravió la independencia política, económica y social de México.
Primero fue el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) con su destrucción del campo y de la industria nacional y sus ajustes a las leyes que llevó a México a reformas neoliberales en la economía, las relaciones laborales, la educación, la ecología y la migración. En segundo lugar el Plan Mérida copia ajustada del Plan Colombia y su conversión geopolítica y militar en el ASPAN, Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que ata a México y Canadá a los planes de seguridad energética, militar y migratoria de Estados Unidos. Y en tercer término, el desmantelamiento de la orientación diplomática por la autodeterminación de los pueblos y por la vía no intervencionista de solución de las divergencias entre naciones y al interior de los pueblos. Diplomacia que, a pesar de los gobiernos autoritarios, México pudo sostener con actitud responsable y hasta solidaria ante sucesos como los de la revolución cubana, la no participación en los pactos entre ejércitos en el continente, la no proliferación nuclear, el apoyo a los pueblos del Cono Sur del continente durante las dictaduras, la atención a los diálogos de paz en Centroamérica y una política propia (aunque discriminatoria) para los migrantes en tránsito hacia el norte.
Esos hechos están presentes y agudizan la posición sumisa del gobierno, y del régimen pro empresarial, que le convierten en lacayo al servicio del papel que Donald Trunp y las trasnacionales quieren de México en lo interno y al exterior.
El TLCAN revisado de rodillas
En una primera instancia los gobiernos buscan un acelerado proceso de negociación del TLCAN donde Estados Unidos pretende revisar todo “a favor de América”, incluyendo aspectos que no están pactados en dicho tratado: educación, salud, comunicaciones, cultura, relaciones laborales, seguridad social, biodiversidad y la búsqueda de una subordinación al proyecto energético estadunidense (con gasoductos, extensión venenosa del fracking para obtener gas, apertura de más áreas mexicanas de explotación y distribución energética y dominio en la conectividad eléctrica en Centroamérica que sirva a las transnacionales).
El recorte a las migraciones mexicanas y de Centro y Sudamérica, se suma para que el gobierno mexicano sea un gendarme bajo el mando de los gringos y acepte que los racistas extiendan el muro en su frontera con México. En el colmo de las modificaciones al TLCAN está el que Trump quiere desaparecer la cláusula 19 que reglamenta las discrepancias comerciales y económicas entre empresas de los tres países, buscando que se dejen al poder de “negociación” hegemónica. Canadá indica que se saldría del TLCAN si el gobierno de Trump insiste en esto, pero los secretarios de economía Guajardo y de relaciones exteriores, Videgaray, desde México solo plantean “discreción” para seguir una “estrategia de negociación” que encuentre “compensaciones” al abuso estadounidense.
El gobierno se somete así al juego del garrote y la zanahoria.
Guardianes del imperio
El aspecto político militar avanza más allá de cualquier norma: los jefes militares del Pentágono estadounidense y de sus Comandos Norte y Sur han tenido reuniones en México y en Estados Unidos para tres grandes proyectos que ajustan el Plan Mérida y el ASPAN a su interés.
Primero, el profundizar la militarización de México en la “guerra al narco negocio” (extendida a todos los giros del crimen), para imponer una regulación de mercados, cambiar y controlar a algunos de los mandos de los cárteles por nuevos “gerentes” controlables, disponer de información de inteligencia de todos los territorios mexicanos donde operan cárteles, bandas, grupos de autodefensa civil y comunidades que defienden su territorio con autonomías y formas de autogestión o que resisten al proyecto neoliberal y de contrainsurgencia. La estrategia del shock: del pánico al control.
Esta segunda línea desarrolla un acuerdo para el control estadounidense a través de México de Centroamérica en cuanto a migración, trasiego de mercancías, droga, armas o “terroristas” que utilicen el istmo centroamericano y el territorio de México para llegar a los EEUU. El gobierno mexicano servirá de mayordomo de la gran casa yanqui y será el perro guardián del “traspatio” cada vez más extenso de los poderes yanquis. Los mandos militares del país han dado su apoyo a esos y otros proyectos.
La línea de subordinación militar, judicial y policiaca intensifica los entrenamientos a policías y militares en las escuelas de asesinos de Estados Unidos y la llegada a México de instructores gringos y de otros de sus aliados, que incluyen el trabajo de inteligencia (espionaje, infiltración y control de comunicaciones); así como la venta de armamento y equipos, la participación en simulacros militares en el continente encabezadas por el Pentágono y la selección de empresas de seguridad mercenarias ligadas a la CIA y al Pentágono.
Lacayo del intervencionismo gringo
Los objetivos anteriores están detrás la subordinación diplomática del gobierno y el régimen de partidos de Estado para atacar a toda oposición democrática e independiente a los Estados Unidos.
Este aspecto incluye un plan mundial de manejo de la información que controla los medios y partidos en campañas “anti bolivarianas, anticastristas, anti populistas” y contrainsurgentes.
El entreguismo a los planes de intervención estadounidense ha sido desenmascarado por las declaraciones del actual jefe de la CIA, Mike Pompeo, al indicar que junto con los gobiernos de México y Colombia, Estados Unidos trabaja una estrategia que incluye sanciones contra la decisión autónoma de los venezolanos acerca de su destino, con la formación de su Asamblea Nacional Constituyente para darse el gobierno y el modo de vida que les corresponda y para defender su territorio y sus recursos del imperialismo.
En los foros de la OEA y en otros de la ONU, el gobierno mexicano lee las líneas que les marcan desde Washington, con el cinismo de hablar de paz y de muertos en otros países, cuando en México la represión y la muerte son en gran medida crímenes de Estado.
Frente a tan extenso catálogo de sumisiones y entreguismos de gobierno sumiso como el mexicano, es necesaria la organización desde abajo y a la izquierda de la rebeldía, la desobediencia y el autogobierno del pueblo.
La solidaridad de pueblo a pueblo contra el intervencionismo de los Estados Unidos, México y Colombia contra Venezuela se da en la lucha por construir el poder de los pueblos.