El regidor capitalino y militante de Acción Nacional (PAN) Juan Carlos Espina von Roehrich exigió a la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de su partido en Puebla, Martha Érika Alonso, salga a la opinión pública y emita una postura sobre las acusaciones contundentes en su contra por presuntamente haber repartido 4 millones de pesos entre panitas para que votaran a favor de Ricardo Anaya Cortés, hoy dirigente nacional del albiazul.
Incluso advirtió que con este escándalo en contra de la esposa del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, “la señora no puede aspirar a una carrera política”.
Lo anterior luego de que el periodista Rodolfo Ruiz publicó en su columna “La corte de los milagros” videos, fotografías y un reporte de inteligencia sobre la forma en que Alonso operó en Puebla para que los panistas apoyaran a Anaya.
La tarjeta informativa que se dio a conocer dice textualmente que entre el 12 y el 15 de agosto de 2015 “fueron repartidos más de 4 millones de pesos en efectivo a líderes panistas y funcionarios de primer nivel del gobierno estatal, para garantizar la votación a favor de Ricardo Anaya para la elección interna del domingo 16 de agosto”.
En una entrevista, Juan Carlos Espina demandó en primer lugar que el tema del espionaje debe clarificarse y hacerse una investigación para deslindar responsabilidades si las hay.
En segundo término, externó su preocupación por “un señalamiento tan contundente”, porque se dan fechas, lugares, nombres de personas y se especifica cuánto dinero se repartió para que se incline la balanza a candidatos en la contienda interna en Acción Nacional.
“Es imprescindible que la secretaria general del partido salga a declarar y a desmentirlo, la señora de Moreno Valle no puede ser omisa y no puede dejar de contestar al respecto, porque el que calla otorga”, advirtió.
El regidor del ayuntamiento de Puebla consideró que los señalamientos en contra de Martha Érika Alonso son sumamente graves, porque existen elementos para proceder dentro del partido con medidas disciplinarias y tomar decisiones importantes.
“Alguien con este grado de responsabilidad como es la secretaria del Comité Ejecutivo Estatal no puede dejar de contestar al señalamiento”, recalcó.
–¿Estatutariamente qué procede? –se le inquirió.
–Antes de llegar a eso, políticamente lo que se impone es la declaración. La señora tiene que fijar una posición y tiene que decir que no es cierto, pero si calla está otorgando.
“Si no lo desmiente, se va a proceder estatutariamente contra la señora de Moreno Valle porque hay una serie de violaciones al proceso interno, se habla de la distribución de millones de pesos en ‘sobrecitos’ a diferentes liderazgos para que se opere y se incline la balanza a un contendiente”, arguyó.
–¿Con este escándalo Martha Érika podrá buscar una candidatura en Acción Nacional?
–Antes de construir una idea, la señora tiene que fijar posición y aclarar esta denuncia sólida. Tiene el derecho a que diga si es cierto o no.
“Hacia el futuro, no me parece que pueda seguir aspirando a ninguna posición dentro del partido sino desmiente este tema, no puede pretender a una carrera política”, condenó.
–De ser fundado este señalamiento, ¿se podría proceder legalmente en contra de la secretaria general del PAN?
–Tendría que haber un agraviado y que se quisiera comprometer a presentar una denuncia en el ámbito judicial.
Finalmente, sobre el tema del espionaje durante la administración de Rafael Moreno Valle, que incluso vigiló a sus cercanos, Juan Carlos Espina von Roehrich opinó que a estas alturas no hay nadie que dude de dónde vienen estas grabaciones y filmaciones.
“¿Hay una opción diferente a la que la propia opinión pública está señalando?, al propio gobierno o personeros de la administración anterior, ¿hay alguien que duda que no fueron ellos?”, refutó.
En ese sentido, el regidor de Puebla pidió a la sociedad poblana y actores políticos un rechazo unánime por estas prácticas. “Esto no puede suceder en un ambiente democrático y moderno”.
Refirió que el espionaje no solo agrede a los políticos, medios de comunicación, activistas y defensores de derechos humanos, sino afecta a la viabilidad de la sociedad.
“Tiene que haber una investigación judicial de la Fiscalía, pero hasta el momento nadie duda de dónde viene esta situación”, concluyó.