La secretaria de Movimientos Sociales del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Roxana Luna Porquillo, dio un plazo de 15 días a la Fiscalía General del Estado (FGE) para ejercer acción penal contra Silvestre Aníbal Garma Arena, quien renunció el viernes pasado a la Dirección del Centro de Control, Coordinación, Comando y Cómputo (C5) de Puebla, luego de que su hijo fuera detenido por el delito de secuestro.
“No se puede tolerar el hecho de que el hijo del ya ex director del C5 haya sido aprehendido por privar de la libertad a una persona y que en el acto, además, portara el arma de su padre (…) queremos cárcel o sanciones penales, no sanciones administrativas”, demandó.
En conferencia de medios, advirtió al titular de la FGE, Víctor Antonio Carrancá Bourget, que de no actuar de oficio en el caso, ella presentará las denuncias correspondientes para forzarlo a cumplir con su obligación de ley.
Elude Facundo Rosas sanciones durante dos años
Acompañada por integrantes de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), que lidera a nivel estatal, así como de los movimientos Los de Abajo y Puebla Grita Basta, Roxana Luna también demandó acciones penales contra el ex secretario de Seguridad Pública del estado Facundo Rosas Rosas.
Refirió que Facundo Rosas abandonó el gabinete del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en julio de 2015, tras ser implicado en el robo de combustible, sin que haya enfrentado mayor sanción que su renuncia al cargo.
En ese contexto, la perredista, quien compitió por la gubernatura en la elección de 2016, cuestionó “¿Quién está gobernando a los poblanos?, ¿en manos de quién está la toma de decisiones?”.
Demandan a Gali aplicar exámenes de control a funcionarios
Roxana Luna exigió al titular del Poder Ejecutivo local, Antonio Gali Fayad, aplicar exámenes de control de confianza a todos los integrantes de su administración, desde el primer hasta el tercer nivel.
“Los poblanos necesitamos certeza de saber quienes nos gobiernan, así como evidencia de que el personal en activo se rija con rectitud como establece el cuerpo normativo e institucional”, explicó.
Asimismo, demandó actuar contra los funcionarios que han recurrido al tráfico de influencias con un fin económico “como con el nombramiento de funcionarios ad hoc para propósitos particulares”.
La integrante del CEN del sol azteca agregó: “En Puebla, los titulares de las instituciones que deben garantizarnos seguridad y justicia hacen uso de éstas para proteger las espaldas de políticos y empresarios; su titularidad ha resultado ser un premio político a la lealtad que fomenta la impunidad y la corrupción al ser incapaces de ejercer las funciones que el cargo reclama”.