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La Barra Libre de Abogados Democráticos (BLADP) y el Centro de Defensa de Derechos Humanos de Puebla y Tlaxcala (CDDHPT) exigieron la destitución del comandante de la Policía Ministerial y a los agentes de la corporación que el martes pasado pretendieron detener con violencia a una madre y su hija, frente a las instalaciones del Instituto Poblano de la Mujer (IPM).
Mediante un comunicado hecho llegar a esta redacción, la BLADP y el CDDHPT señalaron:
“Nos unimos a la exigencia de otras organizaciones (como la Asociación Pro Defensa de los Derechos Humanos de los Procesados en Puebla) para que se separa de su cargo a los agentes de la Policía Ministerial que intervinieron en una acción zafia como la que han consignado varios medios de comunicación, y que la misma suerte corra el director de la institución, por su permisividad y solapamiento”.
En su posicionamiento, la BLADP y el CDDHPT recordaron que ayer el periodista Fermín Alejandro García Hernández dio a conocer en la columna “Cuitlatlán” el aparatoso despliegue de agentes ministeriales, que iban con armas largas, y por lo menos seis patrullas para ejecutar un arresto administrativo. Las personas que iban a ser privadas de su libertad no eran deudores, presuntos delincuentes o alguien que hubiera cometido alguna infracción, sino que se trataba de una ciudadana, Fernanda Palomares Pliego, y su hijo de apenas tres años de edad que son víctimas de la violencia machista del progenitor de ese menor.
Los videos sobre el desmedido operativo policiaco y las amenazas y malos tratos en que incurrieron los ministeriales han sido publicados en las redes sociales, causando la reprobación general.
En los registros se aprecia a dos agentes; uno asegura que el arresto administrativo es “penalmente punible” (sic) y otro que asegura que la persona que está grabándolos los quiere perjudicar exhibiéndolos, pero que a ellos nada le va a pasar.
“Consideramos que el desmedido uso de fuerza y elementos de la Policía Ministerial (al parecer de la Novena Comandancia) y la prepotencia con la que se comportan debe ser motivo de sanción. No puede ser posible que en estado y una ciudad que está siendo azotada por la delincuencia, donde se cometen asaltos y robos a transeúntes y usuarios del transporte público, secuestros, homicidios y extorsiones, además de robo de combustible, se destinen tantos elementos para una acción menor, que hasta donde sabemos, ya ni siquiera tenía efecto”, aseveraron las organizaciones.
Efectivamente, esta casa editorial tuvo acceso al oficio número 199 del expediente número 1182/2015/SC, enviado por la juez Quinto de lo Civil de la Ciudad de Puebla, María Gabriela Durán Gaspar, al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor Antonio Carrancá Bourguet, informándole que ha dejado sin efecto la orden de arresto por 36 horas contra Fernanda Palomares Pliego.
Contrastes en el IPM
La detención arbitraria de Fernanda Palomares y su hija fue impedida gracias a la intervención de la titular del Instituto Poblano de la Mujer, en donde su titular, Nadia Navarro y la doctora Edhalí Moreno, salieron a defender a la madre y su hijo, pues el abuso se desarrollaba frente a las oficinas del organismo.
Sin embargo, ha trascendido que no todos los servidores públicos estuvieron de acuerdo con la intervención oportuna que tuvieron Navarro y Moreno, y hasta el día de ayer consideraban que debieron haber dejado a la madre y a su pequeño hijo a su suerte.
Tal es el caso de Bernardo Bojalil, del Departamento Jurídico, quien junto con la secretaria Ejecutiva del IPM, Andrea Hernández, se opusieron rotundamente a que la titular y la doctora del instituto abogaran por la madre y su hijo. De hecho, se sabe que la segunda es una persona que suele dispensar un trato hosco y prepotente a las mujeres que se acercan al organismo público, lo cual contradice abiertamente la política de equidad de género y atención a la mujeres que promueven el gobernador José Antonio Gali Fayad.
Se ha sabido también que el promotor de la denuncia que pretende despojar a la señora Palomares de su vástago es un ingeniero que trabajó en el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, durante la gestión de Luis Ontañón León, pero que fue despedido porque se le perdió la confianza debido, presumiblemente, al mal manejo de recursos.
El caso de la señora Palomares será llevado a manera de queja en las próximas horas ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla.